Preocupa que comienzan a asomarse nuevamente fantasmas en torno a los movimientos administrativos de la Universidad Popular del Cesar, UPC.
Recordemos que durante años la UPC fue escenario de tiempos oscuros que marcaron con dolor su historia, la cual estuvo cargada de persecuciones, amenazas y en los peores casos hasta asesinatos hubo, en especial en los momentos de elección de un nuevo rector.
Con la llegada a la rectoría, hace 4 años, de Rober Romero Ramírez se comenzó a sentir que esa etapa parecía haber quedado atrás, al menos en apariencia, lo cual trajo consigo un clima de mayor estabilidad y calma institucional. Sin embargo, recientes denuncias obligan a encender de nuevo las alarmas, las cuales fueron dadas a conocer, en rueda de prensa, por parte del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga.
Tal parece que, debido a la proximidad de una nueva elección del rector, en razón a que en el próximo mes de abril se le vence el periodo a Romero Ramírez, las cosas comienzan a caldearse entre los distintos grupos y aspirantes a ese cargo. Todo el mundo anda revisando todo, y con lupa. Lo más preocupante es que han encontrado mucho de lo que andaban buscando o deseaban encontrar: situaciones que pudieran enlodar la gestión de la actual administración de la UPC.
Idárraga expresó que “ha habido una serie de situaciones, de acuerdos establecidos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, asociados a temas rectorales, pero que se han venido, por decirlo de una manera, de acuerdo a las alertas, siendo apropiados por parte del rector, por encima del Consejo Superior Universitario, y tiene que ver con, por ejemplo, nombramientos y algunos requisitos. Son temas que estamos verificando. La contratación de la renovación tecnológica, estamos hablando de los posibles sobrecostos que podrían estar por encima del 60 % en tecnología, sobre todo en compra de computadores y equipos”.
El funcionario habló de irregularidades e incumplimiento de requisitos en 161 de los 169 contratos adjudicados. Es decir, solo 8 pasaron la prueba de revisión. Idárraga considera que la situación es muy delicada y por ello pedirá la intervención del Ministerio de Educación en la UPC.
Sería una verdadera lástima que esa relativa paz institucional que se había logrado en la UPC se vuelva a perder. El rector Romero Ramírez debe ser el primer garante de que los procedimientos contractuales cumplan con los principios de la administración pública y de esa manera generará la confianza de una comunidad académica que ha luchado por recuperar la dignidad y el rumbo de su universidad. Ojo con eso señor rector.
Reiteramos una vez más que la transparencia no puede ser una opción, sino una obligación inaplazable. Las directivas de la UPC tienen el deber ético e institucional de brindar información clara, constante y verificable a la opinión pública, eso genera credibilidad, algo de lo que tanto padecen en la actualidad la mayoría de las instituciones públicas en Colombia.
La comunidad universitaria merece garantías de que la universidad no volverá a ser un espacio marcado por el miedo o la corrupción.
No permita señor rector que la UPC se convierta nuevamente en un campo de disputas turbias, de intereses oscuros y silencios cómplices. La voz de alerta está dada, y debe ser atendida con responsabilidad y sin dilaciones. Desde estas líneas estaremos atentos y vigilantes de todo lo que suceda con nuestra universidad.
