Las imágenes de la asonada contra la Corte Suprema de Justicia nos hicieron recordar la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del grupo M-19. Qué paradoja, pero, ante todo, qué torpeza del Gobierno idear y promover estas marchas que no podían terminar en nada distinto a lo que observamos en la tarde del día jueves. Centenares de personas, puedo imaginar la mayoría funcionarios públicos, dirigentes y militantes de Fecode y empleados del Sena, también miembros de la guardia indígena y no pocos encapuchados parecidos a los que protagonizaron las marchas contra el presidente Duque, y que ya nadie duda fueron protagonistas principales de la campaña petrista a la presidencia.

En comunicado leído por su presidente y con la Corte sitiada pidió garantías, no solo para ejercer sus funciones con autonomía, sino que también exigió el respeto a su integridad y la seguridad de todos los funcionarios del Palacio de Justicia. Puedo imaginarme la zozobra en el edificio cuando presintieron que los manifestantes, armados de palos y quién sabe qué otros elementos, intentaron forzar la entrada del parqueadero de la carrera 12.

Lo ocurrido es el preámbulo de lo que podría venir. Cómo puede ser posible que el propio presidente de la República enfile sus hordas de manifestantes para presionar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, violentando su autonomía y violando también el principio constitucional de la separación de poderes. Lo que vimos el jueves, a mi modo de ver, no es otra cosa que la antesala de la ruptura institucional generalizada que amenaza al país.

Esta semana fue para presionar y acelerar indebida e ilegalmente una decisión de la Corte. Ya atacaron también, quién lo creyera, a la JEP. Al parecer, tampoco le gustan sus decisiones. Hace dos semanas desacataron una decisión de la Procuraduría General de la Nación que ordenó la suspensión del ministro de Relaciones Exteriores. Ya veremos qué cumplimiento se dará a los fallos que ordenaron nombrar en propiedad a los comisionados de la Creg proferidos por el Consejo de Estado y a aquel que ordenó pagar las sumas adeudadas a las EPS de la Corte Constitucional. Gravísima, por ejemplo, la ruptura relacionada con la implementación de la reforma de la salud a la fuerza, sin que haya sido aprobada la ley. ¿Pretenderán lo mismo con las pensiones? ¿La consigna es prescindir también del Congreso de la República?

¿Qué pasará mañana cuando al señor Petro no le guste una providencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional? ¿La desconocerá, con la tesis del golpe blando? ¿Enfilará nuevamente sus hordas contra el Congreso de la República para forzar la aprobación de todas sus propuestas? ¿Para qué escenario debemos prepararnos cuando el agua de la desaprobación al Gobierno finalmente le llegue al cuello? Y, lo peor, ¿tocará con su larga mano el Gobierno también al sistema electoral? ¿Qué garantías tendremos para adelantar los comicios presidenciales en 2026? Cuando un gobierno, como está ocurriendo, toma la decisión de pasarse por la faja la Constitución nos toca prender todas las alarmas y amarrarse el cinturón porque lo que de verdad está en juego es el propio Estado de derecho.

El afán que motivó este torpe ataque a la Corte puso en evidencia el interés del Gobierno de convertir a la Fiscalía en un instrumento político al servicio del Gobierno y de su proyecto político y electoral. Habrá que estar muy atentos, aunque creo que en esto también se equivocan si piensan que cualquiera de las ternadas, y más proviniendo todas ellas de la propia Rama Judicial, se prestará para tal propósito.

Ante la gravedad y protuberancia de los hechos nadie debería ser un testigo indiferente frente a ellos, ya que es forzoso concluir que la última trinchera que les queda al país y sus instituciones no es otra que las altas cortes, a las que habrá que respaldar y proteger como en buena hora ocurrió el jueves pasado.