El abogado Belisario Jiménez Lúquez radicó un derecho de petición de información ante la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Valledupar, en el que solicita revisar la legalidad de los comparendos impuestos durante la vigencia de varios decretos que restringieron el transporte de parrillero hombre mayor de 14 años en la ciudad.
En el documento, dirigido a la secretaria de Tránsito, Marianela Guillén, el abogado menciona los decretos de 2022, 2023, 2024 y 2025. De acuerdo con su exposición, los primeros actos administrativos ordenaban a miembros de la Policía Nacional aplicar la medida de inmovilización a motocicletas, mientras que en el decreto de 2025 esa facultad habría sido excluida o revocada y el procedimiento se circunscribió a medidas contempladas en el Decreto 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).
Jiménez afirma que, durante la vigencia de los primeros decretos, se expidieron comparendos que considera “irregulares e ilegales” a ciudadanos residentes o de tránsito por Valledupar, lo que, según su argumentación, afectó derechos y generó costos para quienes pagaron no solo las sanciones, sino también servicios de grúa y parqueadero.
