Igual que las grietas en las paredes de sus casas, así están abiertas las heridas desde hace más de una década en varias víctimas del conflicto en Aguas Blancas, un corregimiento ubicado a 39 kilómetros de Valledupar.

En Aguas Blancas hay escepticismo ante el actual proceso de paz que adelanta el gobierno con las Farc en Cuba, y tienen sus motivos para hacerlo: hace 14 años, cuando el presidente Andrés Pastrana negociaba la firma de la paz con este grupo guerrillero en la zona de distensión del Caguán, este pequeño pueblo cesarense fue escenario de la más un cruenta noche de su historia que dejó dos muertos y 14 heridos.

El 7 de octubre de 2001, tras el secuestro y asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noruega, en zona rural de Valledupar, se agudizó la crisis del proceso de paz y el presidente Pastrana prorrogó hasta el 20 de enero de 2002 la vigencia del área neutral, pero anunció mayores controles sobre la zona de distensión.

El día llegó, era un domingo de precarnaval, la caseta ‘Los Campanales’ estaba a reventar y por la televisión nacional el gobierno hacía anuncios sobre la crisis de las negociaciones con las Farc. De repente, a las 8:45 de la noche, luego de un par de gritos, se escuchó un bombazo que acabó con la paz de Aguas Blancas.

Un cilindro bomba cayó sobre la casa de María Teresa Díaz Argote, una mujer de 62 años, que estaba con una de sus hijas y seis nietos, a escasos 20 metros de la subestación de Policía.

“Apenas iban dos meses de la muerte natural de mi papá y los niños estaban viendo televisión, todos estábamos en la casa, cuando se escucharon los gritos -se metió la guerrilla- y al instante sonó la explosión y a mi mamá la mandó contra la puerta del patio, a nosotros nos cayeron las esquirlas y escombros encima”, recordó Mary Luz Molina Díaz.

La casa en la que Mary Luz nació, en el barrio San Rafael, desapareció, tres viviendas más resultaron gravemente averiadas por la onda explosiva y desde entonces no han vuelto a ser habitadas.

Entre los escombros solo subsisten los recuerdos de su infancia y las enseñanzas de una matrona víctima fatal de una guerra que nunca entendió y que le cambió la vida a su familia.

En el terreno, de 18 metros de ancho por 30 de largo, donde hasta el 20 de enero de 2002 estuvo el hogar de la familia Molina Díaz, no se ha vuelto a levantar un ladrillo, solo quedaron unas cuantas paredes en pie que hoy son arropadas por la maleza.

“Cada vez que paso por esta casa siento que se me quiere salir el corazón, recuerdo cuando de niña jugada fútbol con mis hermanos y a veces tengo el valor para llegar y me siento en el pozo del patio a meditar”, contó la mujer de 46 años mientras recorría lo que fue su casa y que ahora considera su cementerio de recuerdos.

Removiendo la tierra se aprecia el piso veteado de lo que era la sala, el mismo piso que se observa en las fotos familiares que Mary Luz guarda en una bolsa como si fuera su más grande tesoro.

Esta mujer luego de salir desplazada tras la muerte de su madre, retornó al pueblo a una casa arrendada en el barrio El Carmen de Valledupar, subsistiendo del rebusque como la mayoría de sus 4.800 coterráneos que no tienen empleo.

“A las personas que les destruyeron las casas en esa incursión les otorgaron un subsidio de siete millones 44 mil pesos, a través de Fonvivienda, pero la mayoría de afectados no lo pudieron recibir porque no tiene títulos de propiedad, son poseedores, y los subsidios se perdieron”, explicó el corregidor de Aguas Blancas, José Ospino Parra.

Quienes han transitado por Aguas Blancas, sobre la vía nacional (Valledupar- Bosconia) lo más probable es que hayan visto los predios abandonados en el costado izquierdo de la Estación de Policía, muchos sin saber que esos son vestigios del conflicto armado en Colombia.

Más víctimas

Es claro que el atentado iba dirigido contra los miembros de la fuerza pública que estaban acuartelados en la Estación de Policía, pero el cilindro se desvió al hacer contacto con las redes eléctricas.

Habitantes del pueblo cuentan que varios desconocidos fingieron que se habían varado y empujaron por la carretera un vehículo que estacionaron cerca de la estación de Policía.

“Después de la primera explosión empezaron los disparos y otra explosión se sintió en la estación”, contó uno de los habitantes al explicar que esa explosión habría sido la que mató al comandante de Policía, subteniente José Eleskey Martínez Triana, que apenas llevaba 20 días en Aguas Blancas y dos años en la institución.

“Él, al parecer, intentó arrojar una granada y esta rebotó en una malla de protección que tenía la estación”, agregó el sobreviviente que solicitó reserva de su identidad.

Al llegar el Ejército y refuerzos de la Policía a la zona, inició una balacera y en el fuego cruzado quedó un grupo de mariachis llamado ‘Azteca’, cuyos integrantes resultaron heridos y fue destruido uno de los vehículos en que viajaban de Valledupar a poner una serenata en el municipio de Bosconia.

Los músicos identificados como Eliécer David Bermúdez Calderón, Julio César Madariaga Manzano, Adrián José Costa Ospino, Roque Abigail Quintero Santana, Armando Javier Mugno Gamarra y José De los Santos Brujes, además de heridas físicas habrían sufrido afectaciones sicológicas.

De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, el enfrentamiento con los guerrilleros del frente 59 de las Farc fue sanguinario y también habrían muerto varios subversivos, pero esos cuerpos no fueron recuperados. Aviones de la Fuerza Aérea y camiones ‘cascabel’ del Ejército bombardearon la zona montañosa que comúnmente utilizaban los guerrilleros para evadir el cerco de las autoridades, en inmediaciones de las veredas Montecristo, La Gallineta y La Guitarra, estribaciones de la Sierra Nevada.

El personal que realizó la defensa de las instalaciones de la Policía utilizó mil quinientos cartuchos, disparos que según los vecinos de la estación aún retumban en sus recuerdos y que ruegan no volver a escuchar.

La incursión de hace 14 años, no era la primera, el frente 59 de la Farc ya había atentado contra las instalaciones de la Policía en Aguas Blancas el 26 de mayo de 1995. En esa ocasión lo hizo con más puntería y si logró su objetivo al destruir la parte frontal de la subestación y matando a un uniformado y ocasionándole heridas a otro.

El pueblo a pesar de que fue víctima de dos sangrientas incursiones armadas guerrilleras, luego fue azotado por los grupos paramilitares que mataron más gente que la guerrilla, pero de forma selectiva y a lo largo de tres años.

“Los grupos armados estaban pendientes de todo, si uno citaba a reuniones en las escuelas ellos iban, supervisando que era lo que uno estaba enseñando”, contó Víctor Mendoza, docente pensionado.

Sin embargo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas territorial Cesar- Guajira, adelanta en ese corregimiento los procesos de reparación de forma individual y de manera colectiva con las familias que retornaron en el marco del programa ‘Familias en su Tierra’.

“Recibimos la información de 300 familias en el 2014 y a esas familias se les ha ido haciendo la reparación individual y este año trabajaremos para iniciar jornadas grupales de atención sicosocial porque sabemos que es una comunidad que sufrió mucho”, precisó Juana Ramírez Gutiérrez, directora territorial de la entidad.

En Aguas Blancas algunas de las víctimas han manifestado que todavía tienen un sinsabor por los tragos amargos que les impuso el conflicto armado, por lo que esperan que el Estado les brinde garantías para seguir viviendo en paz como lo han hecho desde la desmovilización de los paramilitares. La paz que allí quieren piden que sea complementada con seguridad, proyectos productivos y saneamiento básico, porque aunque como en muchas zonas afectadas por la violencia en Colombia ahora la guerra que afrontan es por la subsistencia, porque ni siquiera cuentan con un buen servicio de agua potable para calmar la sed.

Justicia

El pasado 11 de febrero, el diario El Espectador publicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a varias familias durante la toma de las Farc, el 20 de enero de 2002, en el corregimiento de Aguas Blancas, zona rural del municipio de Valledupar, Cesar.

La Sala indicó que es deber del Estado proteger a la población civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con “medios adecuados y estrategias efectivas”. En caso de que esto no sea posible, debe reparar los derechos e intereses afectados.

El alto tribunal indicó que “las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y, en general, excluidas de la confrontación” armada. Debido a esto se ordenó el pago de una indemnización de 1.300 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

En el debate jurídico no se aceptaron los argumentos de la Policía Nacional que indicó que el “atentado terrorista no fue selectivo, sino que la acción subversiva se realizó de una manera indiscriminada”.

Sin embargo, a juicio del alto tribual la institución conocía el riesgo que enfrentaba la población puesto que ya existían registros de hostigamiento a la localidad en 1996.

Advierten que el diseño del plan de defensa para la subestación de Policía del lugar solo se hizo con posterioridad al ataque ocurrido en el año 2002. El Consejo de Estado revocó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Cesar.

“Aspecto que extraña profundamente a la Sala, pues las autoridades desconocieron el primer ataque y omitieron poner en funcionamiento todas las herramientas necesarias para la protección de la población y de sus mismos agentes”, precisa la decisión.

Era un domingo de precarnaval, la caseta ‘Los Campanales’ estaba a reventar y por la televisión nacional el gobierno hacía anuncios sobre la crisis de las negociaciones con las Farc. De repente, a las 8:45 de la noche, luego de un par de gritos se escuchó un bombazo que acabó con la paz de Aguas Blancas.

“A las personas que les destruyeron las casas en esa incursión les otorgaron un subsidio de siete millones 44 mil pesos, a través de Fonvivienda, pero la mayoría de afectados no los pudieron recibir porque no tiene títulos de propiedad, son poseedores, y los subsidios se perdieron”: José Ospino Parra, corregidor de Aguas Blancas.

Por Martín Elías Mendoza