La historia de la Cárcel Judicial de Valledupar es un ejemplo muy evidente de cómo las decisiones políticas mal ejecutadas pueden generar consecuencias que se vuelven persistentes en el tiempo; incertidumbre jurídica y, lo más importante, socava el desarrollo de una ciudad. Esta historia que se extiende por varias décadas involucra a varias administraciones municipales, que, en lugar de solucionar un problema estructural, han perpetuado una situación llena de muchas inconsistencias, pérdidas patrimoniales y, sobre todo, falta de claridad en la destinación de los bienes públicos.
Hoy, gracias a la rigurosa investigación del abogado Daniel Daza que inició con el performance del “mojón de oro” se hace más que evidente que este no es un problema aislado ni un simple descuido administrativo, sino una deuda histórica con Valledupar. Esta no es una historia de culpables individuales, sino de una cadena sistemática de negligencias en la que cada administración ha tenido una cuota de responsabilidad – por acción u omisión –.
Desde 1970, Valledupar ha estado escribiendo una crónica de desidia institucional alrededor de su sistema penitenciario. Esta historia no es solo de rejas y barrotes, sino de omisiones políticas, del mismo silencio cómplice y de decisiones administrativas que han deteriorado sistemáticamente la calidad de vida de los habitantes del barrio Dangond. Y lo más grave: con plena consciencia de sus implicaciones.
