De entrada, en el corregimiento Boquerón, jurisdicción La Jagua de Ibirico, es visible que nunca construyeron para quedarse. Todos viven en pausa, a la expectativa. No cuentan con servicios públicos, ni agua potable, ni señal de internet, ni telefónica. Ninguna entidad pública invirtió en este desértico territorio del Cesar durante los últimos 10 años porque la promesa era reasentar a las familias que lo habitan.

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Si el Dane llegara a realizar una medición de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, el resultado, sin exageración, podría acercarse al 100 %, porque una resolución expedida en el 2010 (Resolución 970 del 20 de mayo de 2010) determinó que este corregimiento era un área fuente de alta contaminación por la actividad carbonífera de la región. Desde entonces, invertir en este territorio podría significar un detrimento para las autoridades. La anacrónica escuela y el puesto de salud fueron construidos antes de que emitieran la resolución que los condenó al atraso, pobreza y miseria.

En Boquerón los años pasan y son palpables, no en la mejoría, sino en el crónico desgaste de su vieja infraestructura, y en el rostro de aquellos que llevan una década esperando el reasentamiento. Solo crecieron la desesperanza y las grietas de las casas por las explosiones de las mineras.

El calor, presente de mañana, medio día, tarde y noche, fortalece la sensación de que Boquerón está un poco más cerca del sol. Sin contar que en verano la arena polvorienta de sus manzanas, y la desolación de árboles sin hojas, recrean una atmosfera desértica que contagia a cualquier visitante. “En Boquerón tú sales desnudo y nadie se da cuenta”, se escucha decir.

Este martes el ambiente cambió durante varias horas. Como nunca, a excepción de épocas de campaña electoral, camionetas  y funcionarios públicos recorrieron el corregimiento. Se interrumpió la desolada normalidad. ¡Diez años largos después de emitida la resolución-condena se acercó la clase política regional y el Gobierno nacional para definir qué pasará con los habitantes de Boquerón!

Sin juzgar si hubo reconocimiento o no, la clase política del Cesar pidió perdón a la comunidad. Perdón porque la resolución inicial establecía que en dos años se debía realizar el proceso de reasentamiento. Sin embargo, entre el incumplimiento de las mineras, la pasividad del Gobierno nacional y descuido de las autoridades regionales, nada pasó. 

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“No tenemos desarrollo de proyecto de vida, porque vivimos con la incertidumbre de no saber qué pasará con nosotros. Aprendimos a vivir con el sentimiento de la gratitud y la inconformidad. Somos gratos cuando vamos al corregimiento La Victoria,  o San Isidro, y encontramos calles iluminadas y pavimentadas, y parques restaurados; y la inconformidad porque nosotros ahora somos más pobres que hace 25 años”, relata Jaír Barón, líder comunitario del municipio. ¡Una norma del Estado impidió que la riqueza minera que rodea a Boquerón llegara al corregimiento! Solamente llegaron las partículas contaminantes.

CAMBIO DE PLANES

El pasado 2 de febrero, a través de una resolución, el Ministerio de Ambiente determinó que Boquerón ya no era un área fuente de contaminación, ni para material particulado 10 (PM10) ni para material particulado 2.5 (PM 2.5). En palabras llanas  y suaves, ¿qué significa esto? Portales expertos definen las PM₁₀  como aquellas partículas “sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro)”.

Por su lado, la materia particulada  2.5 “son partículas muy pequeñas en el aire que tiene un diámetro de 2.5 micrómetros (aproximadamente 1 diezmilésimo de pulgada) o menos de diámetro. Esto es menos que el grosor de un cabello humano”, sin embargo, generan la mayor afectación sobre la salud de las personas.

En la última medición, según el Ministerio de Ambiente, Boquerón no registró excedentes considerables de estas partículas, por lo tanto se consideró como área no fuente de contaminación, es decir, luego de casi once años de espera y con las minas de salida, ya no es necesario reubicar a esta población.

Un cambio de planes. Pero, contrario a llorar sobre la leche derramada, la comunidad aprovechó el espacio de este martes para pedir que si se quedaban en Boquerón, no solo dieran garantías, también resarcieran una década de atraso, pobreza y olvido.

El encargado de abrir la ponencia para contar lo planeado para Boquerón con esta nueva reglamentación fue el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. “La noticia que queremos compartir es que nos comprometemos a definir un plan integral de inversiones de proyectos que nos permitan ofrecer el beneficio que requiere la comunidad”, inició Monsalvo.

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“El énfasis que le daremos a la inversión debe estar relacionado con la productividad del campo. Lo que vamos a necesitar son proyectos productivos que permitan mejorar el nivel de vida a través de ingresos dignos y la generación de empleo. No queremos representar un gobierno de subsidios. La gente no necesita subsidios, necesitan proyectos que le apuesten a la productividad y el campo; que a través de la productividad las personas puedan mejorar de forma autónoma su vida”, señaló Monsalvo. En Boquerón prácticamente deberán empezar de cero.

Defendía el economista escocés Adam Smith que las riquezas de las naciones dependían de su producción. En el corregimiento son nulas, tanto la producción como la riqueza. Quienes no se ocupaban en las minas, no tenían más opciones que lavar o limpiar en las casas de los mineros, o sembrar plátano y yuca para sobrevivir. Otros decidieron huir a la zona urbana. En el corregimiento reclamar porque no hay oportunidades no es un cliché, sino una tragedia.

“No es solamente decir que Boquerón  se queda, sino saber cómo vamos a compensar todos estos años de abandono y afectaciones. La contaminación ha bajado, sin embargo no podemos desconocer la contaminación que sufrieron cuando estaban las minas en su apogeo”, reclamó el alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez.

Como autoridad municipal, sobre él recae (rá) el mayor peso para sacar de la pobreza a ese territorio. ¿Cuál es el camino? “Lo que queremos es que los recursos que se utilizarían para reasentarlos, se usen para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.  Tenemos que definir la ruta, no podemos continuar otros diez años iguales”.

En Boquerón corre el dicho que hay más casas que habitantes. Exageran, pero no mucho. Ante el comentario que las multinacionales ofrecerían millonarias cifras a quienes tuvieran construcciones en el corregimiento, decenas de personas construyeron pequeños cuartos de cuatro paredes que hoy lucen abandonados  y dominados por el monte.

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Antes de emitirse la nueva resolución, cuatro empresas tenían la responsabilidad de cubrir el valor del reasentamiento. Drummond LTD era responsable del 47.1 %; Prodeco, que planea entregar los títulos mineros y suspendió sus actividades mineras, el 39,81 %; Colombia Natural Resources, que se declaró en quiebra, el 7,81 %; y Vale Coal el 5,16 %.

Irónicamente, Drummond LTD es la única entidad privada y pública con una inversión significativa en Boquerón: este año entregaron el centro de emprendimiento, un salón de colores suaves pero nuevos que contraria con el olvido institucional al que una resolución, sin respuesta de las empresas mineras y el Gobierno, condenó a Boquerón.

Ahora llegó el Gobierno nacional justo cuando se van las minas. La promesa fue invertir en el territorio y dejar atrás el atraso.  El desafío es materializar ese pacto.

Por Redacción EL PILÓN.