Confieso que ya no creo que la mejor manera para poner freno al conflicto armado es la negociación con los violentos. Primero, por razones éticas: los pactos con los violentos se han hecho a cambio no solo de impunidad sino de beneficios económicos y políticos que no tienen los ciudadanos que jamás han delinquido. 

Es el precio de la paz, dicen. Un precio excesivo y que tiene consecuencias indeseables. Rompe dos principios democráticos fundamentales: el de la igualdad frente a la ley, para tratar mejor, vaya paradoja, a quien la viola, y el de que el crimen debe tener castigo efectivo. Y la impunidad y los beneficios constituyen un estímulo para delinquir.

Para rematar, los acuerdos con los violentos no han conseguido el resultado que los justifican. No ha terminado el conflicto armado y los narcocultivos se han multiplicado por cuatro.

La propuesta de Petro es peor. A la impunidad final quiere agregar la legalización de parte de las fortunas ilícitas y la liberación de los criminales durante las negociaciones. El cese del fuego paraliza a la Fuerza Pública y no obliga a los bandidos a dejar de delinquir. Desmontó la lucha contra el narcotráfico. Renunció al garrote y todo es zanahoria.

Hay, además, unos peligros adicionales. Uno, que Petro use la negociación con el ELN como un camino alternativo para sus reformas. Una alarma prendió cuando se quejó de que lo pactado con las Farc “no tocó el modelo económico”. El otro es aún más grave y peligroso: utilizar los acuerdos para ganar “gobernabilidad” y control territorial.  

Por eso hay que mirar con muchísimo cuidado propuestas como las de contratar a cien mil jóvenes de bandas delincuenciales o las de institucionalizar las nuevas “guardias campesinas”.

Y en estas elecciones, hay riesgos evidentes: los grupos violentos saben que no serán enfrentados por la Fuerza Pública y, al mismo tiempo, han advertido que no dejarán de delinquir. Los votantes ejercerán su derecho con el fusil en la nuca y la certeza de que ni militares ni policías los protegerán. Con la excusa de la “paz total”, control territorial, gobernabilidad, influencia sobre los resultados electorales. Porque serán los candidatos del Gobierno los que reciban este “apoyo” de los violentos. 

No tengo duda de que semejante situación viola la democracia y es inconstitucional. Y tengo certeza de que no será Petro quien resuelva el entuerto. O está pactado o, en todo caso, le conviene. 

Pero la Corte Constitucional sí puede, en su estudio sobre la paz total, dar las pautas sobre qué y cómo puede pactarse con los violentos y, sobre todo, la necesidad de que no se establezcan límites inaceptables a la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, en especial, pero no exclusivamente en estos períodos electorales.

Por: Rafael Nieto Loaiza