Por: Nurys Pardo Conrado

La población habitante de la Loma de Calenturas, corregimiento del municipio de El Paso, departamento del Cesar, se ha declarado en desobediencia civil en lo referente al pago de los servicios públicos domiciliarios, por el olvido en que se encuentran frente a la desatención que ellos perciben por parte del mismo Estado, situación ésta que los ha llevado a  tener una cartera morosa por más de noventa días y generando, en cierta forma, una cartera onerosa tanto para los pobladores como para las empresas prestadoras del servicio, situación de algún modo puede ser perjudicial para sus habitantes. Lo anterior en consideración a que dicho corregimiento hace parte de las llamadas zonas especiales (en lo referente a la prestación del servicio de energía eléctrica), de tal suerte que conforme a la normativa legal existente, puede dicha población recibir el servicio de energía en  proporción a su pago, es decir, que de aplicar los prestadores del servicio en estricto sentido la normativa vigente en todo su ámbito, el servicio sería entregado en proporción al porcentaje  del recaudo efectivo, lo que en suma desmejora la calidad de vida de la gente, agravando la situación ya presentada, lo que llevaría a la aplicación de los periodos concertados de continuidad del servicio.
Es lamentable que los administradores municipales y departamentales en el Caribe Colombiano, no hayan brindado a sus asociados  la capacitación necesaria frente a los deberes y derechos de los usuarios habitantes de las llamadas zonas especiales, para que así las poblaciones asentadas en estos lugares comprendan las connotaciones de pertenecer a ellas, para que puedan actuar conforme a la normativa legal.
Igualmente, los asociados del corregimiento de La Loma de Calenturas están gozando de la prestación del servicio domiciliario de recolección de residuos sólidos, servicio indispensable en cualquier sociedad, pero que tal parece, sus habitantes no han asimilado su importancia, como tampoco el hecho de que el servicio que efectivamente se recibe debe pagarse, ya que las empresas realizan unas inversiones que vía tarifa deben recuperar. Así mismo, que la empresa Aguas del Cesar es una empresa netamente pública que hay que propender porque sea cada vez mejor; como también que si el carro recolector pasa tres veces por semana, debe ser utilizado y no arrojar los desechos a botaderos a cielo abierto, pues los mismos contaminan el ambiente.
Ojala que las palabras del Presidente de la República y de la Superintendente de Servicios Públicos en el pasado consejo comunal realizado en La Loma, en lo referente a las normas regulatorias y frente a la prestación del servicio de energía eléctrica, no queden en letra muerta, con el fin que sus habitantes no sigan pagando  tarifas tan onerosas que a la postre le hacen impagable el servicio a los usuarios de menos recursos, cuando es el mismo Estado quien se encuentra en el deber Constitucional de ponerlos en igualdad de condiciones a otros para que puedan gozar del servicio, y al mismo tiempo, para que las empresas puedan aplicar los modelos de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios.
Considero que sólo en nuestro país (de maravillas), se coloque en estado de indefensión a las personas más necesitadas, pues no es lógico que a la empresa Energía Social de la Costa, comercializadora del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Caribe Colombiano, tenga que comprar la energía más cara que otro comercializador, lo que se evidencia en las tarifas que debe cobrar a los usuarios, ya que dicho costo hace parte de la formula tarifaria.
Si bien queremos que las cosas lleguen a un feliz término, existe un trabajo a corto, mediano y largo plazo por parte de todos los actores, para que no se convierta este en un problema de magnitudes sociales inmanejables.

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