Todo estaba listo. El atril color café, estaba intacto justo al frente de quien daría la mala noticia ante los medios de comunicación: una epidemia de ‘locos’ se estaría apoderando del territorio nacional.

No era una pandemia como la del coronavirus, ni se transmitió por el aire, menos por un animal como el murciélago. Nada de eso.  Esta surgió desde una cómoda oficina ubicada en Valledupar y con un entramado judicial propio del mejor estilo cinematográfico de las grabaciones de Hollywood.

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Se trataba de la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar, la cual estaba conformada mediante la resolución N° 4726 del 12 de octubre de 2011 por los médicos Carlos Montero Araujo y Eduardo Marrugo Castellón, la psicóloga Yamile De Jesús Pérez y el abogado Mariano De Jesús Amaris, quien era director administrativo y financiero.

Por su oficina se paseaban cientos de trabajadores de las compañías privadas  mineras como el Cerrejón, Drummond y Prodeco y empleados de entidades públicas del sector de educación y la Policía Nacional, entre otros, con el fin de recibir dictámenes o calificación médica para pensionarse. Y en efecto, milagrosamente, la mayoría lo lograba. Curiosamente muchos terminaban siendo diagnosticados  con incapacidades similares o enfermedades psiquiátricas, mal llamadas por la jerga popular como el mal de los ‘locos’.

Aunque ese no era el término más adecuado en la ciencia médica, así lo decidió denominar, a inicios del mes de abril de 2018, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien ante la opinión pública develó el extraño fenómeno que para él era una vil mentira: “Haciéndose pasar por locos se beneficiaban con pensiones”.

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EL INICIO

La supuesta patraña había comenzado a quedar descubierta a través de un escrito anónimo que llegó en el año 2016 a la Fiscalía en el que se informaba que en la Junta de Calificación de Invalidez del  Cesar se elaboraban a cambio de dinero dictámenes por pérdida de capacidad laboral espurios para que cientos de trabajadores resultaran pensionados.

Así las cosas, la Fiscalía puso en marcha una operación “encubierta que se extendió por espacio de seis meses y que estuvo a cargo de tres agentes del CTI. De igual manera, comenzó la interceptación de más de 30 líneas telefónicas móviles de los sospechosos de crear ‘El cartel de los locos’“.

Los interceptados eran los integrantes de la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar, así como también un grupo de abogados, médicos especialistas en siquiatría, en cardiología, otorrinolaringología, fisiatras, psicólogos y simples tramitadores.

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LAS LLAMADAS

Durante los operativos, los agentes habrían notado por conversaciones que Gian Carlos Miranda, auxiliar de la junta, entre los años 2016 a 2018, estaba presuntamente al servicio del médico Eduardo Marrugo Castellón, emitiendo dictámenes que este le solicitaba. Para los investigadores, Marrugo Castellón se encargaba de solicitar y recibir dinero de los usuarios de la junta.

“Pero también se logró evidenciar…que la psicóloga Yamile Pérez y los médicos Carlos Montero Araujo y Mariano Amaris, integrantes de la Junta Regional de Calificación de invalidez del Cesar, se han venido apropiando ilícita y continuamente de dinero en cuantía de $233.250.000, aproximadamente, que la Junta regional tenía en el banco BBVA”, concluyó las investigaciones de la Fiscalía.

“LA PATRONA Y EL CABECILLA”

No conforme con las supuestas enfermedades para obtener pensión, las autoridades habrían descubierto que los beneficiados, que en su mayoría eran empleados mineros, copaban su capacidad de endeudamiento e iban también a las compañías de seguros y adquirían pólizas para que una vez alcanzado el estatus de pensionados por invalidez fueran reclamados.

Durante el proceso algunos tenían que meter tutelas y en estas supuestamente encontraron una aliada de la rama judicial. Se trata de Ana Fonseca Mejía, quien se desempeñaba como Oficial Mayor del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar.

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Para la Fiscalía la mujer se encargó del reparto y selección de tutelas en la capital del Cesar para que salieran a favor de unos presuntos clientes de José Miguel Meléndez  Vega, un exempleado de Drummond señalado de ser el cerebro del entramado que se encargaba de reclutar trabajadores mineros.  Y además, presuntamente, se comunicaba con la mujer constantemente a quien le decía ‘La Patrona’ o ‘La Comadre’.

“También se deja entre ver en las conversaciones, que la modalidad corrupta aplicada por esta funcionaria de la justicia, lo fue de forma reiterativa desprestigiando el buen nombre de la justicia colombiana y que a su vez le representó un enriquecimiento ilícito producto de los actos de soborno provenientes del señor Meléndez Vega y otros, por valor que supera los $50.000.000”, dice el escrito de acusación contra Fonseca Mejía.

Terminada la etapa de investigación preliminar, las autoridades, en una redada de operativos en distintos años, han capturado a más de 40 personas entre empleados mineros, profesionales de la salud, entre otros.

Todos a excepción de Manuel de Jesús Altamar Colón, quien murió recientemente, están siendo procesados ante la justicia a la espera de que decidan su suerte.