23 mayo, 2019

Pensionados judicializados por ‘Cartel de los Locos’

Esta vez los implicados son Luis Emel García Criado, de 54 años de edad, Luis Alberto Rivera Gámez, de 51 años, y Sandro José Bermúdez Guerra, de 58 años, a quienes les imputaron los delitos de estafa agravada y falsedad en documento público en calidad de determinadores, los cuales no aceptaron.

Los tres fueron dejados en libertad. 

REFERENCIA.

Ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante con Funciones de Control de Garantías fueron presentados tres exempleados de la multinacional Drummond tras ser involucrados en la investigación que se adelanta por un millonario fraude al sistema pensional del país conocido como el ‘Cartel de los Locos’.

Esta vez los implicados son Luis Emel García Criado, de 54 años de edad, Luis Alberto Rivera Gámez, de 51 años, y Sandro José Bermúdez Guerra, de 58 años, a quienes les imputaron los delitos de estafa agravada y falsedad en documento público en calidad de determinadores, los cuales no aceptaron.

Estos fueron acusados por la Fiscalía 12 seccional de conseguir sus pensiones mediante la manipulación de sus porcentajes de incapacidad en los exámenes que realizaba la Junta de Calificación de Invalidez Regional Cesar.

En la vista pública, el representante del ente acusador indicó a cada uno los hechos por los que fueron involucrados en la investigación que a la fecha tiene en líos jurídicos a más de 40 personas en el departamento del Cesar.

Sobre García Criado la Fiscalía manifestó que Porvenir le reconoció una pensión de $80 millones, además que las empresas Allianz Seguros y Suramericana lo indemnizaron con 80 y 25 millones de pesos, respectivamente.

“Luis Alberto Rivera, mediante engaños recibió la pensión por un valor que supera los $120 millones, mientras que de Allianz obtuvo un pago de $65 millones ya que aportando información falsa de su estado de salud, se le reconoció la invalidez”, dijo el fiscal.

Entre tanto, a Bermúdez Guerra lo señaló de obtener de manera fraudulenta una mesada pensional de $139.614.098 y una indemnización de $58 millones por varias aseguradoras.

Esto teniendo en cuenta a las pesquisas obtenidas por un trabajo de campo entregado por los investigadores el 28 de febrero del año 2018, en el que informaron que mediante interceptaciones de llamadas notaron que en la Junta de Calificación de Invalidez Regional Cesar se realizaban dictámenes espurios a partir de diagnosticar a algunos usuarios con trastornos mentales o enfermedades varias.

“En un principio se hablaba de esas afectaciones psiquiátricas pero cuando se enteran que se descubre ese elemento común… entonces quisieron desviar la atención ya no con el tema de trastornos psiquiátricos o patología psiquiatras sino que se fueron a la parte cardíaca… entonces nace el nuevo modus operandi para manipular esos porcentajes”, puntualizó el fiscal.

Sin embargo, en la diligencia de medida de aseguramiento el juez decidió dejarlos en libertad, teniendo a consideración que esta misma solicitud realizó la Fiscalía 12 seccional al considerar que podía continuar sin obstrucciones el pleito contra estos.