Aunque he sido simpatizante y defensor del proceso de paz, había decidido no opinar dada la saturación de comentarios en favor y en contra. Pero las explicaciones que dio el negociador del gobierno Humberto De la Calle, en el foro realizado la semana pasada en Valledupar, sobre el modelo de justicia que fue negociado y que se va aplicar para hacer viable la paz, a mi juicio merece hacerle toda la difusión y pedagogía necesaria para dar un parte de confianza y tranquilidad a los ciudadanos que hoy se resisten a creer en el proceso aduciendo que es una paz con impunidad.

El sistema de justicia negociado conlleva a la creación de una jurisdicción especial en cabeza de un Tribunal de Justicia integrado por jueces del más alto nivel, que será el encargado de juzgar e imponer las sanciones a los responsables de los autores de los delitos más graves y comunes, bajo lineamientos incluso del Derecho Internacional. No es como se dice por los adeptos y fanáticos del uribismo que no habrá ninguna clase de pena ni sanción; por el contrario en el acuerdo se dejó sentado que estos jueces impondrán una serie de penas y sanciones, dependiendo del reconocimiento de responsabilidad de los delitos investigados.

Si una persona responsable de uno de esos delitos que investiga la jurisdicción no reconoce su responsabilidad, será juzgada y condenada por el Tribunal hasta a 20 años de prisión. Sí, por el contrario, reconoce su responsabilidad, el Tribunal le impondrá una sanción de mínimo 5 y máximo 8 años, que tendrá dos componentes: uno de restricción efectiva de la libertad y otro de reparación y restauración. Así mismo, se hizo la salvedad que las penas restrictivas de la libertad que se impongan desde la Jurisdicción Especial de Paz en el posconflicto no se pagarán en regiones o municipios, sino en un lugar preciso y además controlado y vigilado por un organismo con veeduría internacional. De igual manera, se explicó que se apelará a la figura constitucional e histórica de la amnistía e indultos generales solo para los delitos políticos, que será una tarea del Congreso de la República como lo señala el Artículo 150-17 de la Carta Política.

A mi modo de ver las cosas, eso no es impunidad, ya que según el área de los Derechos Humanos y el lenguaje psicojurídico, impunidad es la ausencia o falta de castigo después de la comisión de un crimen o delito y según lo acordado en el marco de la negociación está claro que va haber algún tipo de castigo.

El senador Uribe no deja de torpedear y desnaturalizar el proceso, ahora través de videos está diciendo que el Presidente de la Republica está comprando a todos los gobernadores y alcaldes para que hagan campaña a favor del sí en el plebiscito que será convocado. ¿Acaso al señor Uribe se le ha olvidado la compra de votos para la reelección presidencial conocida como yidispolítica que lo llevó a la segunda reelección? Esa clase de constreñimiento si me parece grave; pero que el presidente esté invitando a todos los ciudadanos a votar por él sí a la paz, no es un hecho que merezca reproches, sí lo que está por medio es un interés colectivo.

De manera que el señor Álvaro Uribe no tiene la autoridad moral para hablar de procesos antidemocráticos cuando carga con un collar de hechos que en su momento fueron generadores de corrupción y violencia o será que ya sufre de amnesia.