En Albania, el gobierno ha causado revuelo con el reciente nombramiento de Diella, una inteligencia artificial (IA), como ministra de Contratación Pública. En el contexto gubernamental, como era de esperarse, ha suscitado un intenso debate sobre la viabilidad y las implicaciones de tal decisión. Encargada de gestionar procesos de contratación pública, los resultados fueron sorprendentes: trazabilidad en las decisiones y eliminación de favoritismos. Diella (que significa “sol” en castellano) no tiene amigos, no recibe llamadas, no negocia bajo la mesa. Su lógica es fría y su ética incorruptible.
Colombia ha probado casi todo en su afán por enderezar la contratación pública: nuevas leyes (varios estatutos anticorrupción), más controles, pliegos tipo, SECOP II, veedurías ciudadanas, ventanillas únicas y pactos de transparencia. Y, aun así, los agujeros negros del sistema —sobreprecios, colusión, carteles regionales, redes clientelares— siguen tragándose los recursos que debieron ser escuelas, hospitales o acueductos, entre otros.
En el presente, los nombramientos ministeriales han dejado de responder a criterios técnicos y han pasado a ser ejercicios de poder simbólico. El caso del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, cuya designación fue suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, generó una tormenta jurídica y cultural. Su perfil —actor porno en Francia, activista de género fluido— desató un debate sobre los límites de la representación política. A esto se suman los nombramientos polémicos en la DIAN (22 nombramientos a dedo), en el Ministerio del Interior (con investigaciones, entre ellas por violencia de género) y en otras entidades, donde la meritocracia ha sido desplazada por el clientelismo.
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En ese escenario, la idea de nombrar a una inteligencia artificial como “ministra de Contratación Pública” no es provocación: es el espejo que nos obliga a preguntarnos ¿sería realmente absurdo que en Colombia se nombrara una inteligencia artificial como ministra? Lo cierto es que lo absurdo hoy es lo cotidiano, y si la neutralidad algorítmica —auditable, trazable y resistente— está logrando resultados en Albania, pues qué más da que pueda lograrlos en “Macondo Pro-max”.
El nombramiento de una inteligencia artificial como ministra no parece tan descabellado. Hemos visto cómo el gabinete se ha convertido en un tablero de ajedrez político, donde las piezas se mueven por lealtades. Pero también es necesario recordar el caso de los contratos de Centros Poblados, cuando el Ministerio de las TIC adjudicó más de $70 mil millones a una empresa con documentos falsos, sin verificar garantías bancarias. O el Cartel de la Hemofilia en Córdoba, donde se desviaron recursos de salud mediante pacientes inexistentes. En latitudes más cercanas, los contratos de alimentación escolar han sido recurrentes.
Diella, con su capacidad para analizar millones de datos en segundos, podría detectar patrones de corrupción antes de que se materialicen. Algoritmos entrenados para identificar irregularidades en precios, cronogramas y perfiles de contratistas podrían evitar que se repitan estos episodios.
El Kuncho
Pros de una IA ministra:
Transparencia algorítmica: auditar contratos en tiempo real, detectar sobrecostos y evitar favoritismos.
Eficiencia operativa: la automatización de tareas repetitivas permitiría a los funcionarios concentrarse en decisiones estratégicas.
Neutralidad política: una IA no responde a intereses partidistas ni a presiones clientelistas.
Contras y riesgos:
A. Responsabilidad difusa: ¿quién responde si la IA comete un error? ¿El programador, el operador o el Estado?
B. Deshumanización de la gestión pública: las decisiones automatizadas podrían ignorar contextos sociales, culturales o territoriales.
C. Privacidad y vigilancia: el manejo de datos sensibles requiere protocolos éticos y legales robustos.
Por: Luis José Mendoza Guerra
Abogado, docente-investigador, Doctor en Ciencias de la Educación.
