El pasado miércoles 15 de abril, nueve directivos de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, Aremca, fueron capturados por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, y falsedad ideológica en documento público.
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Un fiscal tiene en su expediente que se desviaron 101 proyectos por cerca de 496.000 millones de pesos. El objetivo de esos convenios era poder desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, en los departamentos de Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Bolívar, Córdoba y Cesar.
EL PILÓN investigó y encontró que Aremca firmó varios convenios con alcaldías del departamento del Cesar. El contrato más cuestionado se pactó con la Alcaldía de Chiriguaná en enero de 2025.
Se trata del contrato de prestación de servicios CD SMEC 002 de 2025, suscrito el 24 de enero. El documento oficial, firmado por Emilia Álvarez Guerrero en calidad de directora ejecutiva de Aremca, le entregó la ejecución de este proyecto a la Fundación Editorial Unidos por Colombia, representada legalmente por Nellys Margot López Yepes. El acuerdo se adjudicó bajo la cuestionada modalidad de contratación directa, amparado en el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología.
Un contrato sin rastros
La iniciativa contó con una inversión total de $2.066 millones. De acuerdo con los registros oficiales, estos dineros salieron de las arcas del Sistema General de Regalías, respaldados por la administración de Chiriguaná en su rol de cooperante.
Dentro del contrato se justificó este millonario gasto porque “el 100 % de las 28 sedes educativas públicas del municipio carecía de acceso adecuado a herramientas tecnológicas, un rezago que afecta a 6.273 estudiantes y 967 docentes”. Para intervenir esta problemática, el contrato priorizó a una población objetivo de 745 alumnos de educación básica, secundaria y media académica.
El plan trazado en el papel establecía un plazo de 90 días para entregar una dotación robusta que transformaría las aulas. Prometieron mobiliario ergonómico, mesas y sillas resistentes, estanterías, computadores portátiles y proyectores multimedia. El corazón del proyecto era la entrega de tabletas con pantallas táctiles, las cuales vendrían equipadas con aplicaciones didácticas.
Seis días después de la firma, el 30 de enero de 2025, la Alcaldía de Chiriguaná mostró los primeros avances en sus canales oficiales. A través de una publicación en Facebook, la administración compartió fotografías de una socialización del proyecto dirigida a docentes de la zona rural, mostrando a los asistentes mientras manipulaban las tabletas recién salidas de sus cajas.
Sin embargo, a pesar de la magnitud de la inversión y de los anuncios en redes sociales, no hay rastro de la ejecución del contrato. Al revisar la plataforma oficial del Secop, no existe información final sobre la ejecución del contrato.
Los últimos registros datan precisamente de ese 30 de enero, fecha en la que se subieron al sistema la aprobación de las pólizas y el acta de inicio. Más allá de ese punto, no hay actas de liquidación, informes de supervisión ni recibos a satisfacción que demuestren que los equipos, el mobiliario y las capacitaciones llegaron realmente a las 28 escuelas de la región.
EL PILÓN intentó comunicarse con Óscar Alberto Garrido, quien era alcalde encargado del municipio de Chiriguaná durante la firma del convenio, pero no hubo respuesta.
