En nuestro país existen varias formas de financiar las obras de inversión pública para suplir las necesidades básicas insatisfechas de nuestra población y por mencionar algunas pueden ser a través de recursos propios o través del Sistema General de Regalías (SGR).

Para el caso de muchos entes territoriales contamos con explotación de carbón, las cuales generan regalías a los municipios como a los departamentos en su condición de productores.

El ente regulador de los recursos del Sistema general de Regalías es el Departamento de Planeación Nacional (DNP) quien dictamina las directrices, metodologías de seguimiento y pautas tanto en la fase de formulación como en la fase ejecución de proyectos de inversión pública financiados con este tipo de recursos (Regalías) las cuales muchas veces no están sincronizadas a la realidad financiera, constructiva y de ejecución de las obras, sino que obedecen a planteamientos rígidos que no van a acorde con el dinamismo de las obras.

En la ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) y sus decretos reglamentarios, en la fase precontractual se establecen disposiciones emanadas a cumplir y a minimizar los posibles riesgos que se pueden derivar de un proceso de selección o licitación pública, no obstante de esto, las entidades contratantes plantean matrices de riesgos y desarrollan audiencias de tipificación y asignación de dichos riesgos, donde se establecen los riesgos convencionales con los que nos hemos encontrado hasta la fecha tales como: dificultad de materiales, transporte, aumento de precios de los insumos según el IPC (índice de precios del Consumidor) lluvias en el territorio, según comportamientos históricos, etc.

Pero la realidad que vivimos en nuestro País en materia de ejecución de obras públicas se encuentra en una condición neurálgica, teniendo en cuenta que las obras que actualmente se están ejecutando en nuestro territorio son generadas de proyectos que fueron diseñados, formulados, viabilizados y aprobados, siendo bastantes optimistas por lo menos en el segundo semestre del año 2021, lo que significa que hoy no obedecen a la realidad ni financiera, ni económica, ni climática.

Por hacer un ejercicio y simulando un proyecto aprobado el 29 de octubre del año 2021 (el cual debió ser formulado unos 4 meses atrás) el dólar cerró a $3.757, teniendo en cuenta los tiempos de la licitación pública, legalizaciones, suscripción de actas de inicio y tiempo de ejecución hoy un año después, tenemos que dicha moneda el 29 de octubre de 2022, tiene un costo de $4.822.  Lo anterior quiere decir que los recursos económicos que fueron asignados a dicho proyecto son insuficientes, ya que nuestra moneda se devaluó un 28,35%.

En las matrices de riesgos nos referimos a aumentos del mercado en condiciones normales, pero esta situación vista por primera vez en el mundo, cuando tenemos un dólar que tocó los cinco mil pesos, afecta la ejecución de las obras públicas ya que muchos insumos, que por mencionar uno solo, como es el caso del cemento el cual pasó de $24.000 por bolsa de 50 kilogramos en enero de este año a $29.500 en octubre de 2022, lo cual genera desequilibrio en las ecuaciones contractuales en las obras.  No obstante, de lo anterior, nadie tenía previsto hace un año que los niveles pluviométricos estarían por encima del 30% de los niveles en el mismo periodo del año anterior, lo cual significa un gran problema para las obras en ejecución, ya que, como es bien sabido por todos, los fenómenos de la naturaleza es muy difícil que el hombre pueda controlarlos.

Todo esto sumados a otras circunstancias como a la gran tasa de desempleo, donde las comunidades quieren dineros para combatir el hambre y muchas veces no ven las inversiones públicas como fuentes generadoras de mano de obra calificada y no calificada, convirtiéndose en actores involucrados “Steakhoulders” negativos, siendo en la gran mayoría de los casos los principales beneficiarios de las inversiones.

El llamado está para todos los profesionales de la arquitectura (donde me incluyo) e ingeniería, y las entidades públicas para que formulemos proyectos y tengamos en cuenta en la fase de ejecución, aspectos legales y acordes con la realidad económica y financiera que vive nuestra región, Colombia y el mundo en general; y evitar que pasen cosas como las que están sucediendo a nivel de contratación en Bogotá, donde en dos megaobras se suspendieron los respectivos procesos licitatorios y fueron responsables al no adjudicar procesos con dólar tan alto.

Muy a pesar que hoy las obras son más difíciles de ejecutar, tenemos el compromiso moral con Dios, contractual con las entidades contratantes y cívico con las comunidades beneficiarias de las obras para que estas cumplan con el fin para el cual fueron diseñados.