EL PILÓN conoció una sentencia de primera instancia del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar en la que conmina al Municipio a devolver el bien inmueble donde funciona la Institución Educativa Villa Corelca, sede Campo Herrera, o en su defecto a legalizar su tenencia a través de un contrato formal. La medida judicial recae sobre un terreno de propiedad de la Asociación Popular de Integración Comunitaria, Aspointeco, vinculada a la familia del exalcalde Ciro Pupo Martínez.
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Aspointeco acudió a los tribunales para exigir la restitución del predio de 673 metros cuadrados, ubicado en la urbanización José Antonio Galán. Según el documento que conoció EL PILÓN, la asociación reclama a la Alcaldía el pago de 324 millones de pesos por el arriendo dejado de percibir desde el año 2022.
Y es que, bajo su argumento, en mayo de 1992 entregaron el lote al municipio en calidad de préstamo gratuito por 30 años, y dicho plazo venció el 31 de mayo de 2022. Por eso, piden al municipio pagar esa deuda, comprar el lote o formalizar un contrato.
Según personas de la institución, el exalcalde de Valledupar, Ciro Pupo Castro, ha visitado la institución en varias ocasiones haciendo seguimiento al proceso. Y es que fue su madre, Nellys Castro de Pupo, la que vendió el predio a la asociación en 1984, según consta en la demanda.
¿Qué dice la Alcaldía de Valledupar?
Por su parte, el Municipio de Valledupar basó su posición en la inexistencia de un documento que compruebe la firma de ese contrato. La administración local revisó los archivos de la Secretaría de Educación y constató que no hay rastro físico de dicho comodato.
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“En consecuencia, al no existir un acto probatorio que certifique la veracidad del contrato de comodato, mismo que debe constar por escrito, le otorga al ente territorial el fundamento para desestimar sus pretensiones, declarando la improcedencia del cobro por concepto de arrendamiento”, dijo la Alcaldía de Valledupar.
Pese a la falta del papel, la alcaldía reconoció la ocupación del lugar y planteó la necesidad de convocar a los propietarios para revisar alternativas contractuales que legalicen el uso del inmueble.En su análisis del caso, el juez determinó que la ausencia del contrato escrito impide aprobar las peticiones económicas, debido a que todo negocio jurídico con el Estado exige este requisito formal para demostrar su existencia.
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Por este motivo, el juzgado negó el pago de la indemnización exigida por la asociación. Sin embargo, al constatar la ocupación real del terreno privado por parte del colegio público, el fallo obliga a la administración local a formalizar el uso del espacio escolar bajo los términos de la ley o, de lo contrario, devolverlo a sus dueños.
La posición del rector
En una entrevista hecha por JM Noticias, el rector Gustavo Claro, contó que se encontraba “sorprendido por lo que estaba ocurriendo”. “No tengo ni el alcance ni la competencia para decir que una de nuestras sedes tenga un dueño distinto al municipio de Valledupar. Es el municipio el que tiene la autoridad para hacerlo”, dijo el funcionario.
El rector explicó que la sede lleva el nombre de Campo Herrera porque fue inaugurada cuando Rodolfo Campo Soto era alcalde de Valledupar. Ese trabajo lo hizo con ayuda de un líder de la zona llamado Herrera, quien posteriormente fue asesinado. Por eso la sede lleva el nombre de Campo Herrera. Dicha institución alberga a más de 500 niños de preescolar y primaria.
