El Ministerio de Hacienda aprobó la solicitud del alcalde Juan Carlos García para que el municipio de Chiriguaná se acoja a la Ley 550, un paso que marca el inicio de su reorganización financiera ante una evidente falta de recursos. La medida tiene el propósito de estabilizar las arcas locales, que hace apenas un año registraban pasivos por 85.000 millones de pesos.
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El secretario de Hacienda, Gustavo Piscioti, explicó que el municipio enfrentaba un escenario donde la ausencia de defensa jurídica permitió que los jueces ordenaran embargos sobre cuentas vitales, incluyendo las del Sistema General de Participaciones y los fondos de la seguridad social.
Hace pocos meses, un proceso judicial por 4.000 millones de pesos, compuesto en su mayoría por intereses acumulados, llevó al embargo del 50 % de los recursos del municipio. La entrada a la ley de reorganización frena estas medidas cautelares y obliga a la negociación directa de la deuda.
Malos manejos en décadas
El déficit de Chiriguaná tiene origen en un desajuste administrativo. Aunque sus ingresos corresponden a un municipio de sexta categoría, sus gastos operan como si fuera uno de cuarta. La nómina cuesta 8.000 millones de pesos al año, mientras que los ingresos alcanzan solo 5.350 millones. Para detener esta diferencia, la alcaldía liquidó los institutos de vivienda, cultura y deporte, pues la totalidad de su presupuesto se consumía en el pago de personal.
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El aspecto laboral es la urgencia principal. La administración actual asumió el cargo con un atraso de cinco meses en salarios y hoy todavía adeuda dos meses de pago a los empleados. Solo cubrir la seguridad social exige 300 millones de pesos mensuales. Los estudios técnicos realizados por la alcaldía confirmaron que el recaudo no alcanza para sostener a los 115 trabajadores de la planta, por lo que se prepara una reestructuración de cargos que busca hacerse con cautela para blindar al municipio de futuras demandas.
La situación bancaria agrava el panorama. Un antiguo crédito de tesorería por 1.300 millones de pesos con el Banco de Bogotá no fue cancelado por administraciones anteriores y la deuda actual ascendió a 2.600 millones. Esto mantiene al municipio con un reporte negativo en Datacrédito que le impide acceder a cualquier tipo de préstamo.
Durante esta transición, el Ministerio de Hacienda hará un acompañamiento técnico enfocado, en primera instancia, en sanear las obligaciones laborales. Para su funcionamiento, Chiriguaná dependerá del recaudo de impuestos a las empresas de la zona minera, particularmente de compañías como Indumil, proveedora de explosivos de Drummond, que aporta cerca de 2.000 millones de pesos anuales al presupuesto local.
