Los fondos de pensiones, FP, que en Colombia nacieron con la Ley 100/93, son una forma legalizada de captar dinero del público con fines privados. A abril de 2017, los FP acumulaban $ 199 billones equivalentes al 23 % del PIB, de los cuales $ 122 billones (61 %) correspondían a las utilidades en la inversión de portafolio (bonos y acciones) y los $ 77 billones restantes a los aportes de los empleadores y de los 14 millones de ahorradores. En el primer trimestre de 2017, los rendimientos ascendieron a $ 6.4 billones, el doble de las utilidades de Ecopetrol en todo ese año.

Una dificultad grave de tener los ahorros en FP es que no dan pensiones, sino que devuelven el dinero solo con rendimientos pírricos porque la mayor parte de estos se los apropian los FP, invirtiendo en el sector no real de la economía como actividades especulativas.

Como en toda actividad económica, esta riqueza en Colombia se concentra en pocas manos: Porvenir (grupo Sarmiento), maneja el 44 %, Protección, (grupo Empresarial Antioqueño, GEA), el 36 % y otros fondos el 20 % restante. Invertir con el dinero del público es una forma sutil de expropiación no permitida en un régimen democrático pero aquí sí; al público, que hace de banca de primer piso, lo confinaron a entregarles sus ahorros a unos intermediarios que encontraron una forma fácil de financiación. Más, esta no debería ser la filosofía de los FP.

El primer fondo de pensiones fue creado en Escocia en 1744 por los clérigos Alexander Websler y Robert Wallace, quienes querían constituir un sistema actuarial para establecer la pensión de los pastores de iglesias. Después de consultar con matemáticos y estadísticos actuariales (Bernoulli, Maclaurin y otros), estos determinaron que en promedio, 27 pastores morirían cada año, que a 18 de ellos les sobreviviría su viuda, cinco de ellos no dejarían viudas pero sí huérfanos, y dos, que tendrían viudas sobrevivientes, dejarían hijos vivos de matrimonios previos que todavía no habrían alcanzado los dieciséis años de edad. Calcularon además cuánto tiempo era probable que transcurriera hasta que las viudas murieran o se volvieran a casar (en ambas casos, el pago de las pensiones cesaría) y que en cualquier momento, en promedio, habría 905 pastores vivos.

Estas cifras permitieron que Webster y Wallace determinaran cuánto dinero tendrían que pagar los pastores que se incorporaran a su fondo para proteger a sus personas queridas. Contribuyendo con 2 libras, 12 chelines y 2 peniques al año, un pastor podía garantizar que su esposa viuda recibiera, al menos 10 libras al año, una gran suma en aquella época. Si creía que esto no sería suficiente, podría escoger pagar más, hasta un máximo de 6 libras, 11 chelines y 3 peniques al año, lo que garantizaría a su viuda recibir 25 libras al año. Según sus cálculos, el Fondo para la Provisión para las Viudas e Hijos de los Pastores de la Iglesia de Escocia tendría, para el año 1765 (25 años después), un capital total de 58.348 libras esterlinas. Sus cálculos resultaron asombrosamente exactos.

Cuando llegó aquel año, el capital del fondo se elevaba a 58.347 libras esterlinas: ¡solo una libra menos que la predicción! Hoy en día, el fondo de Webster y Wallace, conocido como “Viudas Escocesas”, es una de las mayores compañías de pensiones y seguros del mundo. Con activos superiores a 100.000 millones de libras, asegura no solo a las viudas escocesas de pastores, sino a quien esté dispuesto a comprar sus planes de pensiones. Este fondo es autónomo y no tiene intermediación financiera.

Estos estudios fueron la base de la ciencia actuarial actual, convertida en un negocio seguro para particulares. Estos voluminosos FP en manos de particulares, no cumplen ninguna función social y poco contribuyen financieramente con los ahorradores. Veo con preocupación que el único aspirante a la Presidencia que ha abordado este tema es Gustavo Petro, quien propone utilizar socialmente estos recursos fomentando el sector agroindustrial y su productividad, dentro de una lógica capitalista, sin arriesgar las obligaciones con los ahorradores, a quienes los FP expropian sus rendimientos financieros.

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