El juez señalado por la Fiscalía General de la Nación de, supuestamente, recibir dinero para, al parecer, favorecer a los implicados en el sonado caso del ‘Cartel de los locos’ debería estar en prisión, según una solicitud elevada por el ente acusador.

La Fiscalía 1 delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar, en el marco del proceso que lleva contra el juez primero promiscuo de Manaure, Hernán José Acosta Rodríguez, fue la encargada de la petición ayer, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.

El hecho se da en la continuación de las audiencias preliminares en contra del juez Acosta, quien es acusado de los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo sucesivo con cohecho propio y concierto para delinquir, los cuales no aceptó.

En la vista pública, el representante de la Procuraduría, Edgar Romo, consideró que sí era necesario colocar algunas restricciones al procesado en la medida de aseguramiento, pero una que sea poco gravosa, en comparación con enviarlo a un centro carcelario.

“Estimo que si bien se acreditaron los requisitos probatorios para inferir posiblemente la autoría o participación del doctor Hernán Acosta frente a los delitos imputados y si bien existen algunos riesgos mínimos de que se afecten las pruebas que están aún por recogerse, como dijo el señor fiscal y que eventualmente se pueda de alguna manera obstaculizar el juicio, me parece a mí que eso bien se podría conflagrar perfectamente a través de una medida menor restrictiva o menos gravosa para un bien jurídico tan apreciado como la libertad”, indicó Romo.

La Fiscalía hizo la solicitud de reclusión en centro carcelario con base en varios elementos materiales probatorios en el que presuntamente se demuestra que Acosta recibió $12 millones a cambio de fallar a favor en unas tutelas relacionadas a las pensiones.

EVIDENCIA DE LA FISCALÍA

Entre el compendio probatorio está un informe del 15 de febrero de 2018, donde está el análisis del abonado telefónico por parte de los investigadores del caso, en el cual hacen referencia de 21 llamadas en las que observaron unas conductas que inferían que estaban hablando de unas tutelas en las cuales se ordenaban a unas aseguradoras los pagos de unos valores de pólizas por invalidez o muerte.

En esas conversaciones, según las pesquisas, está un interrogatorio del 26 de abril del año 2018 a José Miguel Meléndez Vega, quien manifestó al ente acusador que el juez de Manaure, a través de un intermediario, falló en tres tutelas en primeras instancias, las cuales fueron revocadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar.

Los hechos endilgados a Acosta se dieron por unas copias que compulsó la Fiscalía 12 seccional en las que se evidencian unas interceptaciones de llamadas telefónicas a José Miguel Meléndez Vega, quien está privado de la libertad por ser, aparentemente, intermediario entre los exintegrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar con trabajadores mineros, para que estos obtuvieran pensión de manera irregular haciéndose pasar por pacientes psiquiatras u otras enfermedades.

Sin embargo, tanto Ministerio Público como defensa se mostraron en desacuerdo de que el juez sea enviado a prisión, por considerar que puede desarrollarse lo que reste del proceso sin necesidad de tomar esa medida de aseguramiento.

Hasta el cierre de esta edición las partes continuaban debatiendo la medida y el juez no se pronunciaba al respecto.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
[email protected]