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Judicial - 16 mayo, 2019

Capturan a otros cinco pensionados por el ‘Cartel de los Locos’

Con estas detenciones ya son más de 40 personas las que están siendo judicializadas en Valledupar por un millonario desfalco al sistema pensional del territorio nacional.

Los otros procesados en la audiencia de verificación de allanamiento.
Los otros procesados en la audiencia de verificación de allanamiento.

Un operativo realizado por detectives del CTI de la Fiscalía permitió la captura de cinco exempleados mineros que presuntamente obtuvieron pensión de manera irregular propiciando un millonario desfalco al sistema pensional del país, conocido como el ‘Cartel de los Locos’ o ‘Cartel de las pensiones’.

Los detenidos fueron Aldo Enrique Mendoza Peralta, Fabián Pacheco Durán, Giovanni Molina Daza, Fabio Martín Miranda Guzmán y Nerión Rafael Silva Mendoza, quienes en las próximas horas serán presentados en los estrados judiciales de la capital del Cesar para la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Esto en cumplimiento de unas órdenes de captura proferidas en su contra por un juez control de garantías por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal que se efectuaron en los municipios de Valledupar, Manaure y Barranquilla.

Las nuevas diligencias se materializaron en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía 12 seccional, desde que, a través de una fuente, se estableció que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar (JRC) presuntamente se emitían dictámenes de pérdidas de capacidad laboral falsos a cambio de grandes sumas de dinero que suministraban los beneficiados, que en su mayoría eran empleados de las empresas mineras carboníferas del Cerrejón, Prodeco y Drummond.

Según la indagación, la Fiscalía evidenció por medio de documentos espurios que estos registraban falsos porcentajes de calificación de incapacidad, determinados por los médicos y psiquiatras adscritos a la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

A estas personas supuestamente se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otros males. Por tal razón habrían logrado pensionarse muchas personas que desde años anteriores pasaron los exámenes médicos que los declaraban con problemas psiquiátricos o con enfermedades varias.

DECIDIRÁN SUERTE DE OTROS INTEGRANTES

Mientras las autoridades avanzaban con las diligencias de judicialización de los nuevos detenidos, en el Palacio de Justicia de Valledupar se realizaba la continuación de la audiencia de verificación de allanamiento e individualización de pena en contra de otros ocho implicados en el ‘Cartel de los Locos’ que están a la espera de recibir sentencia.

Sin embargo, tras cinco meses después de estar en ese procedimiento este no pudo culminar a causa de una solicitud de nulidad que presentó el abogado José Luis Castro Machuca, en representación de los intereses del incriminado Mario Alberto Alarcón Pabón.

El jurista alegó en la vista pública realizada en la mañana de este miércoles que el ente acusador no había trasladado aún el compendio de pruebas suficientes para que el juez se pronunciara sobre la aceptación de responsabilidad que su cliente realizó en las audiencias preliminares tras ser detenido.

“Lo que pasa es que ahí existe un allanamiento a cargo por parte de mi cliente Mario Alberto Alarcón Pabón y al momento de llegar al juez de conocimiento la causa debe estar soportada con esos elementos materiales probatorios. Entonces lo que reclama la defensa es que a pesar de que él aceptó los cargos para poder condenarlo se debe tener unos soportes legales que son los elementos materiales probatorios que, considera la defensa, la Fiscalía no ha trasladado al juez de conocimiento”, expresó el abogado José Luis Castro Machuca.

Entre tanto, la Fiscalía 5 seccional indicó que las pruebas sí fueron dadas a conocer oportunamente a las partes.

“Nos habla de nulidad por violación a las garantías constitucionales y estamos mencionando que en su momento el señor Mario Alberto Alarcón estuvo asesorado por el mismo abogado que hoy solicita la nulidad, estuvo el señor del Ministerio Público que se le dieron todas las posibilidades de observar los elementos de presente, se dieron las suspensiones correspondientes por lo tanto no observamos que existan violaciones”, dijo el fiscal Héctor Ruiz.

Al respecto, el juez indicó que se pronunciará sobre la petición el próximo 21 de mayo.

Esto significa que se verá más dilatado el pleito que se lleva también en contra de Jorge Luis Rojano Escobar, Oswaldo Díaz Rodríguez, Calin Alberto Acosta Cabarcas, Rolando José Vargas Russo, Sandra Patricia Gonzáles Atencio, Patricio García Caro y María Carolina Ovalle García, debido a que esta última, en compañía de Alarcón Pabón, son los únicos de este grupo que no reciben aún la verificación de allanamiento para que el juez dictamine las primeras sentencias.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
[email protected]

Judicial
16 mayo, 2019

Capturan a otros cinco pensionados por el ‘Cartel de los Locos’

Con estas detenciones ya son más de 40 personas las que están siendo judicializadas en Valledupar por un millonario desfalco al sistema pensional del territorio nacional.


Los otros procesados en la audiencia de verificación de allanamiento.
Los otros procesados en la audiencia de verificación de allanamiento.

Un operativo realizado por detectives del CTI de la Fiscalía permitió la captura de cinco exempleados mineros que presuntamente obtuvieron pensión de manera irregular propiciando un millonario desfalco al sistema pensional del país, conocido como el ‘Cartel de los Locos’ o ‘Cartel de las pensiones’.

Los detenidos fueron Aldo Enrique Mendoza Peralta, Fabián Pacheco Durán, Giovanni Molina Daza, Fabio Martín Miranda Guzmán y Nerión Rafael Silva Mendoza, quienes en las próximas horas serán presentados en los estrados judiciales de la capital del Cesar para la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Esto en cumplimiento de unas órdenes de captura proferidas en su contra por un juez control de garantías por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal que se efectuaron en los municipios de Valledupar, Manaure y Barranquilla.

Las nuevas diligencias se materializaron en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía 12 seccional, desde que, a través de una fuente, se estableció que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar (JRC) presuntamente se emitían dictámenes de pérdidas de capacidad laboral falsos a cambio de grandes sumas de dinero que suministraban los beneficiados, que en su mayoría eran empleados de las empresas mineras carboníferas del Cerrejón, Prodeco y Drummond.

Según la indagación, la Fiscalía evidenció por medio de documentos espurios que estos registraban falsos porcentajes de calificación de incapacidad, determinados por los médicos y psiquiatras adscritos a la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

A estas personas supuestamente se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otros males. Por tal razón habrían logrado pensionarse muchas personas que desde años anteriores pasaron los exámenes médicos que los declaraban con problemas psiquiátricos o con enfermedades varias.

DECIDIRÁN SUERTE DE OTROS INTEGRANTES

Mientras las autoridades avanzaban con las diligencias de judicialización de los nuevos detenidos, en el Palacio de Justicia de Valledupar se realizaba la continuación de la audiencia de verificación de allanamiento e individualización de pena en contra de otros ocho implicados en el ‘Cartel de los Locos’ que están a la espera de recibir sentencia.

Sin embargo, tras cinco meses después de estar en ese procedimiento este no pudo culminar a causa de una solicitud de nulidad que presentó el abogado José Luis Castro Machuca, en representación de los intereses del incriminado Mario Alberto Alarcón Pabón.

El jurista alegó en la vista pública realizada en la mañana de este miércoles que el ente acusador no había trasladado aún el compendio de pruebas suficientes para que el juez se pronunciara sobre la aceptación de responsabilidad que su cliente realizó en las audiencias preliminares tras ser detenido.

“Lo que pasa es que ahí existe un allanamiento a cargo por parte de mi cliente Mario Alberto Alarcón Pabón y al momento de llegar al juez de conocimiento la causa debe estar soportada con esos elementos materiales probatorios. Entonces lo que reclama la defensa es que a pesar de que él aceptó los cargos para poder condenarlo se debe tener unos soportes legales que son los elementos materiales probatorios que, considera la defensa, la Fiscalía no ha trasladado al juez de conocimiento”, expresó el abogado José Luis Castro Machuca.

Entre tanto, la Fiscalía 5 seccional indicó que las pruebas sí fueron dadas a conocer oportunamente a las partes.

“Nos habla de nulidad por violación a las garantías constitucionales y estamos mencionando que en su momento el señor Mario Alberto Alarcón estuvo asesorado por el mismo abogado que hoy solicita la nulidad, estuvo el señor del Ministerio Público que se le dieron todas las posibilidades de observar los elementos de presente, se dieron las suspensiones correspondientes por lo tanto no observamos que existan violaciones”, dijo el fiscal Héctor Ruiz.

Al respecto, el juez indicó que se pronunciará sobre la petición el próximo 21 de mayo.

Esto significa que se verá más dilatado el pleito que se lleva también en contra de Jorge Luis Rojano Escobar, Oswaldo Díaz Rodríguez, Calin Alberto Acosta Cabarcas, Rolando José Vargas Russo, Sandra Patricia Gonzáles Atencio, Patricio García Caro y María Carolina Ovalle García, debido a que esta última, en compañía de Alarcón Pabón, son los únicos de este grupo que no reciben aún la verificación de allanamiento para que el juez dictamine las primeras sentencias.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
[email protected]