La Constitución sostiene que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”. El Código Penal establece penas de 4 a 8 años a los candidatos y gerentes de campaña responsables de que se “excedan los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral”. La misma pena se establece para el candidato y gerente que acuda a “fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas”, entre ellas, el narcotráfico y “las que provengan de personas naturales o jurídicas […] que administren recursos públicos o parafiscales”. Además, las personas jurídicas no pueden financiar campañas presidenciales.

La campaña no reportó el pago a testigos electorales y a los asesores internacionales, Gutiérrez Rubi, Vendrell y Hernández. Y está claro que no se contabilizaron varios actos de campaña en el Caribe.

A estas alturas, son varios los ingresos no reportados. Los confesados por Nicolás Petro: los de Euclides Torres (“[mi papá] sí sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba”), los del mafioso Santander Lopesierra, los de Gabriel Hilsaca, y los de la “campaña paralela” de Verónica Alcocer. Por otro lado, los aportes del mafioso Sobrino y su mujer en Casanare. Además, los quince mil millones que consiguió Benedetti.

Hay un ingreso adicional, el de 500 millones provenientes de Fecode. En un acta del 3 de mayo del 2022 del Comité Ejecutivo de ese sindicato se aprueba por unanimidad “un apoyo económico a la campaña de Petro a la Presidencia”. Nelson Alarcón, para entonces tesorero de Fecode, lo reconoció: “Sí la dimos [la plata] para la finalidad de la campaña presidencial […] me delegaron a mí para todo. Yo hablé con el gerente de campaña”.

Advertidos de la prohibición para las personas jurídicas de donar a campañas presidenciales, el 23 de septiembre del 2022, ya con Petro en Casa de Nariño, Fecode corrió una escritura pública en la que se afirma que “donará, en efectivo, quinientos millones para la Colombia Humana más no para la campaña presidencial”. Pero la maniobra de engaño tiene varios problemas, entre ellos que en el reporte de donaciones de la Colombia Humana de ese año se refiere el ingreso de los 500 millones como “donación gasto y funcionamiento campaña”. Y ninguna campaña reportó esa donación. Es decir, hubo una triangulación por debajo de la mesa. Además, manejar y donar en efectivo semejante suma vulneraría los estatutos de Fecode.

En fin, superar los topes de financiación supone la pérdida del cargo. Y tanto esconder información en los reportes como superar topes son delitos. La responsabilidad es del gerente de la campaña, Roa, y de la fórmula presidencial, Petro y Márquez. La Comisión de Acusaciones no puede seguir mirando para otro lado.

Rafael Nieto Loaiza