O, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se ensarta?
El título obedece a una publicitada propaganda, hecha en Colombia, para vender un producto y que hizo mella en la cotidianidad popular. Pero el refrán, que bien podría articularse con la expresión “el tubo tuvo la culpa”, es asaz utilizado para insinuar o afirmar que la responsabilidad de un acontecimiento no es “del entorno o situación, sino de la persona que se pone en circunstancia desfavorable por su propia acción o negligencia”.
Sin embargo, para que aquello no se convierta en un expediente fácil de esgrimir por quienes sí pueden tener la culpa de lo que ocurre en el entorno, el legislador estableció en el máximo estatuto que rige un estado de derecho obligaciones de debido cumplimiento. En la constitución reza, en su artículo 2°: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Más claro no canta un gallo frente a majestuoso enunciado.
Pues bien, discernamos. En caliente está nuevamente una denuncia sobre violación, esta vez en la humanidad de una adolescente que se puso en circunstancia desfavorable “por su propia acción o negligencia” (algo que suena a canallada pronunciarlo) y fue víctima de un depredador sexual que en estos momentos debe estar atisbando a otra posible presa del entorno.
Se dice que esta práctica es recurrente en la ciudad bajo la modalidad que le tocó a esta compatriota, pero que, por razones de diversa índole, un hecho de tanta gravedad es callado o sufrido en silencio por las afectadas y sus familias, cuando son enteradas. Bendita sea la valentía que la menor y sus familiares han tenido al denunciar la vil acción ante las autoridades. El plebiscito, por merced de un medio local hablado, en un programa de participación de la comunidad, de repudio a la acción criminal, no se hizo esperar.
Se escucharon múltiples opiniones, algunas incluso dejando entrever como parte responsable a la propia víctima, por apelar a un medio de transporte cuyo mayor riesgo, además del vehículo, son quienes los conducen. Otros argumentaron alternativas, siempre encaminadas a responsabilizar de su seguridad al ciudadano inerme ante las necesidades de sus desplazamientos a distintos lugares del perímetro urbano o fuera de este ante un pésimo servicio de transporte masivo. Uno dio en donde es, sindicando de la situación a las autoridades encargadas de salvaguardar lo expresado en el artículo 2° de la constitución: que es, finiquitar el oficio del mototaxismo o, en su defecto, organizarlo y hacerlo responsable dentro de la ley.
O se reglamenta ese servicio, para identificar a quienes lo ejercen, o se elimina y se fortalece, honradamente, el transporte público, dándole alternativas a quienes devengan su sustento, de manera digna, del llamando mototaxismo, que, quiérase o no, es parte de ese 85 % de “economía informal” que pulula en Valledupar ante la falta de oportunidades de trabajo.
Por: Pedro Perales Téllez.
