A propósito de la reciente condena que impuso el Consejo de Estado al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Policía Nacional y al extinto Das por su responsabilidad en el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón, donde la Nación tendrá que pagar aproximadamente mil millones de pesos a favor de la madre de la víctima y de sus hermanos por concepto de perjuicios morales, una vez queda de relieve el carácter indemnizatorio del dolor desde la óptica del derecho administrativo, lo que quiere decir que el dolor tiene un precio en la justicia, muy a pesar de que no exista un “dolorímetro” para medir la intensidad del dolor. Para efectos de cuantificar los perjuicios morales se hace necesaria una ponderación del mismo, que finalmente se traduce en una escala cuantificada en salarios mínimos.

En realidad en nuestro sistema jurídico, no existe ningún método ni mucho menos teorías jurídicas acerca del dolor para hacer este tipo de cuantificaciones, solo se sabe que en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, la jurisprudencia Contenciosa Administrativa ha entendido los perjuicios morales como “los padecimientos dolorosos que incidan en el patrimonio moral de la persona natural y que consiste en la aflicción y dolor, que experimenta como respuesta a una lesión de bienes que constituyan la personalidad del individuo”.

De esta manera, el perjuicio moral se constituye en el dolor o sufrimiento de quien padece un daño, independientemente de las secuelas físicas y perturbaciones psíquicas que puedan haber producido. De acuerdo con esta teoría del Derecho Administrativo cuando hay un daño ocasionado, se genera un perjuicio y éste da derecho a la indemnización que no es más que el resarcimiento económico a una persona que padece o padeció una aflicción, una angustia, un dolor, causado por una actuación defectuosa del Estado.

Ahora, siendo el dolor una cuestión de sentimientos donde se pueden conjugar varios estados emocionales como la impotencia, la inconformidad, la ansiedad, la rabia e incluso el amor mismo, la cuantificación del dolor en dinero y otros bienes intangibles, para efectos resarcitorios, hoy ha quedado en manos de los jueces, que deben observar las circunstancias específicas en cada caso y recurrir a las herramientas que la experticia y la experiencia les pueda ofrecer desde los testimonios. Pero más allá de cualquier teoría u otro criterio para cuantificar el dolor de un ser humano que por demás es incuantificable, porque nada repara la muerte de un ser querido; lo reprochable y doloroso de todo esto es el desangre fiscal del Estado originado en condenas a la Nación, siendo que el que marca mayor número de condenas sea el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y el Ejercito, por procedimientos equivocados, decesos ocasionados en uso de armas oficiales, desprotección en zonas de conflicto y los vergonzosos falsos positivos; seguido por las condenas impuestas a los hospitales públicos.

Lo anterior resulta ser bastante ilógico, que las instituciones encargadas de preservar, cuidar y garantizar la vida de los ciudadanos sean las que están ocasionando muerte y dolor al pueblo colombiano. Lo anterior equivale a decir algo así como: “el precio del dolor, genera más dolor”.