El fenómeno del fracking estuvo en auge en Colombia en administraciones pasadas, por la falta de conciencia sobre la destrucción que genera y la ausencia de voluntad política para prohibirlo y resarcir a las comunidades afectadas.

El fracking es una práctica ligada a las economías extractivistas, que implica perforaciones, excavaciones, contaminación y búsqueda a toda costa de riqueza en territorios donde habitan comunidades campesinas, minorías étnicas, afrodescendientes, etc., socavando el medio ambiente y las formas de subsistencia de aquellas.

Es decir, que bajo el falso slogan de traer riqueza, lleva ruina a dichas comunidades, además de afectar sus derechos a la vida, la salud, el trabajo y la igualdad, porque contamina las fuentes hídricas, arrasa con la tierra cultivable, es nocivo para la fauna y la flora, etc.

Quienes se benefician son los socios de estas compañías, no la gente, quienes, por el contrario, se ven sumidos en la inopia, ante la inacción del Estado. No se protegen sus derechos. Nadie les resarce el daño causado.

Por eso debemos considerar loables las campañas ciudadanas que en los últimos años lucharon contra el fracking, así como la recepción positiva de ciertos sectores políticos a las mismas, que terminaron impulsando su prohibición mediante el proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso de la República.

Lamentablemente, en dicha lucha perdieron la vida muchos activistas sociales y medioambientales, quienes sentaron la voz en pro del medio ambiente, los páramos, los ríos, las montañas… Gracias a ellos y a su pugna decidida, así como la importancia que le dieron políticos progresistas, se pudo materializar dicha prohibición para acabar esta práctica rapaz que enriquecía a unos pocos, y empobrecía y mataba a muchos humildes colombianos y sus familias.

Sin embargo, la tarea no está finiquitada. Hay que hacer cumplir la norma, y vigilar que no se sigan explotando nuestros recursos bajo esta práctica, así como que se cumpla con la consulta previa cuando se trate de afectar la paz, los territorios y las economías de los distintos grupos y comunidades que habitan las regiones donde existen proyectos extractivistas.

Colombia debe desarrollar la industria, el turismo, la agricultura, y no ser monodependiente de prácticas extractivistas, teniendo en cuenta que el petróleo, la minería y demás, representan recursos finitos, que tarde o temprano van a extinguirse, por lo cual no podemos cimentar nuestra economía y nuestro futuro en los mismos, sino impulsar un país próspero y competitivo en todos los ámbitos, diversificando la economía y las exportaciones, haciendo de nuestro agro la despensa del mundo, consolidando la paz para atraer más turismo e inversión extranjera, incentivando la investigación y la ciencia y desarrollando una industria propia que nos coloque a la vanguardia latinoamericana.

Así, lograremos una economía segura, basada en el trabajo y nuestro verdadero potencial, y lo que es más importante, conservaremos el medio ambiente, respetaremos los derechos y territorios de nuestra gente, y garantizaremos la vida, la salud y la convivencia a los colombianos.