“Nosotros conocemos mejor que nadie lo que es una campaña política. Aquí en la invasión tenemos grupos de trabajo que se encargan de hacer las reuniones y buscar los votos”, dijo reclinándose en la mecedora un habitante de una de las cuatro invasiones ubicadas en el predio Sabana 1 de Valledupar. 

-¿Esas reuniones las han hecho porque les han gustado las propuestas del candidato o por algún incentivo? “A uno le puede gustar el candidato, pero a esto lo que lo mueve son los intereses… no sé si me entiendes. Todos buscan sacar provecho en el tiempo de las campañas políticas. Buscan dinero, que les donen cosas, comida, pero en las invasiones es más que eso”. 

-¿A qué se refiere con ese “más”? “Nosotros queremos que en las calles no haya aguas residuales, que estén pavimentadas, contar con el servicio de alcantarillado. Queremos mejores condiciones de vida que solo se dan con la legalización. Aquí vienen los políticos en época de campaña a prometernos eso, que cuando sean alcaldes o tengan un cargo alto nos van ayudar con la legalización, pero en los 10 años que tengo viviendo aquí y escuchando la misma promesa no pasa nada. Nos encantan, nos mienten y nos utilizan. Somos su cajita de votos”. 

Los habitantes siguen a la espera de alguna alternativa jurídica o de compra para que no se presenten más órdenes de desalojo. Foto: Jesús Ochoa

Lo que usted acaba de leer es el fragmento de una entrevista que le hizo el diario EL PILÓN a un habitante de una de las cuatro invasiones que se encuentran en el predio Sabana 1 de Valledupar. De acuerdo con el entrevistado, los asentamientos humanos Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de La Popa y Bello Horizonte 2, que convergen en dicho predio, son “estructuras de voto” que han sido utilizadas por candidatos políticos desde que se conformaron. 

Con alegría en su voz puntualizó que la orden de desalojo que no se llevó a cabo el pasado 30 de octubre, fue “un alivio” para todos los habitantes de Sabana 1 y también presuntamente para algunos políticos “que se quedarían sin líderes que los apoyen”. Agregó que la población no es corrupta y que saben que sus acciones no son correctas, pero la necesidad de un techo bajo sus cabezas y acabar con la amenaza de la orden de desalojo, pesa más que “la conciencia”.  

Pactos por la legalización 

En el recorrido realizado por el diario EL PILÓN por las cuatro invasiones, se pudo constatar cómo en estos asentamientos humanos están establecidos grupos de líderes debidamente organizados por zonas y conocedores de funcionarios públicos que en época de campaña visitaron estos asentamientos humanos y compartieron un café o una comida con ellos.

En esos encuentros llenos de risas y charlas amigables, también hubo presuntamente “pactos” por una legalización que actualmente es imposible, debido a que están asentados en un terreno privado que solo puede ser legalizado si sus propietarios, la familia Pimienta, reciben un pago por el predio. 

“Aquí no hay político que no haya llegado a buscar apoyo para una campaña. Aquí viven miles de familias de cuatro, seis y hasta diez miembros que lo que piden es una ayuda para la invasión, unos balones para los niños. Han hecho hasta pactos con la gente en los que prometen que ayudarán con la legalización y no hacen nada”, manifestó con desdén un líder de la invasión Altos de Pimienta. 

Un alto porcentaje de los asentados tiene hasta 10 años viviendo en el predio Sabana 1. Foto : Jesús Ochoa.

Explicó que cuando los candidatos son electos “ le dicen a la gente que no se puede hacer la legalización porque no tienen las facultades para hacerlo”. Acotando así que en campaña les aseguran que todo es posible y les hablan de “abogados milagrosos” que buscarían algún hueco en la Sentencia T-946, emitida  por la Corte Constitucional, la cual ordena el desalojo de las cuatro invasiones, pero estos juristas “no aparecen”. 

Los casos 

No es un secreto la visita de candidatos políticos a las invasiones de Valledupar. Los aspirantes a un cargo de elección popular están en su derecho de visitar cualquier sector de la ciudad, sin embargo, se han acusado a algunos exfuncionarios de delitos electorales durante su proselitismo político en estos asentamientos humanos. 

Uno de estos fue el el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, quien fue acusado de haber cometido el delito de corrupción al sufragante en su campaña a la Alcaldía en 2011, cuando presuntamente ‘Tuto’ firmó documentos con invasores de los predios Altos de Pimienta, Bello Horizonte, Los Guasimales y Tierra Prometida, para que votaran por él a cambio de no desalojarlos.

Lo anterior tuvo como resultado que en  2021 el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, emitiera un fallo condenatorio en su contra. Dos años después el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar lo absolvió en segunda instancia, tumbando así la condena de 4 años y 10 meses que había recibido. 

Algunas viviendas no cuentan con baños óptimos ni un lugar higiénico para asearse. Foto: Jesús Ochoa

Uhía no fue el único señalado de haber presuntamente suscrito un acuerdo para legalizar una invasión. El exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, también fue investigado por el delito de corrupción al sufragante por un tratado que presuntamente suscribió el 16 de octubre de 2011. 

El entonces candidato a la Gobernación, se habría comprometido con los habitantes de la invasión Tierra Prometida a que permanecerían en el predio a cambio de que votarán por él. Al igual que ‘Tuto’, Monsalvo recibió un fallo condenatorio, pero posteriormente fue absuelto por la Corte. 

El desalojo 

Para el 30 de octubre estaba la orden de desalojo de las cuatro invasiones, diligencia que no se realizó debido a que en estos asentamientos viven, según el Sisbén, 31.508 personas, que tendrían que ser reubicadas en unidades de vivienda o en caso tal albergues, los cuales no existen.  

De acuerdo con la administración municipal se “suspendió temporalmente” el desalojo porque se necesitan 2.000 policías y 800 soldados para hacer el procedimiento, los cuales “en términos generales, no es posible destinarlos sin afectar otras necesidades de la seguridad en la ciudad y la región”, según lo manifestado por la Policía Metropolitana de Valledupar y las fuerzas militares a la Alcaldía. 

Por otro lado, la administración municipal considera que la sentencia debe ser revisada porque el número de habitantes ha aumentado en comparación a los registrados cuando se emitió en el 2011. Así mismo, se deben garantizar los derechos de las personas asentadas que, al ser desplazadas sin haberse construido un complejo habitacional en el que puedan vivir, lo hace una “masacre”, según el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco. 

Las madres cabeza de hogar piden un proyecto que contemple la legalización por temor a quedar en la calle con sus hijos. Foto : Jesús Ochoa.

A pesar de que se está tomando en consideración la situación de los asentados aún no se ha dado a conocer una solución de fondo que no implique que la administración municipal compre el predio. De acuerdo con el abogado de la familia Pimienta, Evaristo Rodríguez, los propietarios del predio Sabana 1 están dispuestos a la venta del mismo, pero hasta la fecha no se ha entablado una conversación formal en la que la administración considere esa alternativa. 

De 800 familias a 30.000 habitantes

De acuerdo con registros, el predio Sabana 1 fue invadido ilegalmente en el 2008 por un grupo de aproximadamente 800 familias, 1.600 niños y 1.400 adultos, quienes dividieron el terreno en cuatros sectores que son conocidos actualmente como Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta, y Bello Horizonte II.

Por tal motivo, Alberto Pimienta Cotes, propietario del predio, actualmente fallecido, instauró en noviembre de 2008 una querella con la cual buscaba el desalojo, sin embargo, no fue posible. Posteriormente familiares del mayor Alberto Pimienta instauraron una acción de tutela contra la Alcaldía de Valledupar, el departamento del Cesar y Acción Social.

En las cuatro invasiones viven adultos mayores con condiciones delicadas de salud que les cuesta desplazarse. Foto: Jesús Ochoa.

En respuesta, la Corte Constitucional el 16 de diciembre de 2011, mediante la Sentencia T-946, ordenó el desalojo del predio, sin embargo, en los 13 años posteriores a la sentencia, ninguno de los exalcaldes que tuvo la ciudad cumplió la orden de la Corte Constitucional.

Hay un proyecto, ¿no los cobijaría? 

Al Concejo de Valledupar llegó el proyecto de Acuerdo 017 del 30 de agosto de 2024, “por medio del cual se delega al alcalde del municipio de Valledupar la facultad para la legalización y regulación urbanística de los asentamientos humanos con condiciones precarias y de origen informal”, una iniciativa que aún no ha sido debatida en la corporación. 

El debate que se llevaría a cabo en la Comisión de Presupuesto y Servicios Administrativos en el mes de septiembre, fue aplazado por unanimidad por “dudas” en algunos apartados del proyecto y por la necesidad de un estudio más riguroso de las implicaciones jurídicas del acuerdo, según los concejales. Al respecto, el jurista Evaristo Rodríguez, comentó que el predio Sabana 1 no entraría entre los terrenos que podrían ser legalizados mediante dicho acuerdo. 

“No hay un decreto reglamentario para legalizar y formalizar los asentamientos humanos ilegales que estén en predios privados. Es anticonstitucional que el alcalde municipal legalice predios que pertenecen a propietarios que han pagado impuestos por un terreno”, manifestó Rodríguez. 

Agregó que hay un decreto, el 149 de 2020, que se refiere a bienes fiscales y públicos, pero que actualmente no hay uno sobre bienes privados como es el caso del predio Sabana 1, por lo que la legalización no sería posible por la vía jurídica. 

Al Concejo de Valledupar llegó un proyecto de acuerdo que contemplaría la legalización de asentamientos humanos. Foto Jesús Ochoa.

Dejando así a la espera a las miles de familias que aún creen en una legalización y en campañas engañosas que les prometen que la tierra debajo de sus hogares les pertenecerá algún día, frente a unos propietarios que quieren recuperar su tierra o que se les pague por ella. 

Por Namieh Baute Barrios