A falta de reforma laboral y pensional, el actual Gobierno nacional, en un nuevo arranque de locura y desequilibrio económico, ha incluido un artículo en el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) que da vía libre a los traslados ciudadanos desde los fondos privados a Colpensiones. Una idea descabellada, absurda y con graves consecuencias para la sostenibilidad financiera del sistema pensional. 

El artículo 104 del proyecto de presupuesto permite, durante la vigencia fiscal del año 2022, el traslado de afiliados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones bajo un conjunto de condiciones. Tales condiciones son las siguientes: 

1. El traslado sería posible para hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47 años. 

2. Únicamente podrán acogerse a este proceso de traslado express a Colpensiones las personas que, como mínimo, hayan cotizado 750 semanas en Colpensiones o en el antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS) antes de vincularse al Régimen de Ahorro Individual (RAIS) que, como he explicado en columnas anteriores, abarca a los cuatro fondos privados de pensiones que operan en Colombia: Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia. 

Esta iniciativa de traslados a Colpensiones no es nada diferente a lo que se ha intentado en otras oportunidades, por ejemplo, cuando mediante el decreto 802 de 2020 el Gobierno nacional pretendía trasladar a Colpensiones a todas las personas próximas a pensionarse en el RAIS bajo la modalidad de retiro programado con mesadas equivalentes a un salario mínimo, recibiendo el Gobierno nacional 35 billones de pesos, pero asumiendo el pago de las pensiones para más de 20.000 personas. Afortunadamente, esta ridícula propuesta en materia pensional fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C- 308 de 2020.

Estas medidas inviables en materia de seguridad social terminan exponiendo aún más las falencias del sistema pensional colombiano, tales falencias son: baja cobertura, inequidad e insostenibilidad financiera. 

El sistema pensional colombiano termina siendo inequitativo porque mientras miles de adultos mayores no reciben apoyo alguno para la vejez, el 70 % de los recursos del sistema se emplean para solventar las pensiones de los regímenes especiales (magisterio, fuerzas militares, Policía nacional, Ecopetrol, universidades públicas, etc.), y por otra parte, las pensiones más elevadas son las que reciben los mayores subsidios en el Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones, esto en detrimento del ahorro de miles de contribuyentes al sistema, algo bastante injusto y desproporcional producto de la ineficiencia en la asignación de los subsidios estatales a las pensiones. 

En el mismo sentido, el sistema pensional colombiano termina siendo de baja cobertura porque, actualmente, solo tienen pensión no más de dos millones cien mil ciudadanos. En Colombia la pensión no es un derecho sino un privilegio y las cifras respaldan esta afirmación que estoy haciendo: de cada cuatro colombianos en edad de acceder a pensión, solo uno tiene protección pensional para su vejez.

Por último, el sistema es insostenible financieramente porque tenemos una bomba pensional que en cualquier momento estalla. Para la vigencia fiscal del año en curso, se destinarán 42 billones del Presupuesto General de la Nación para atender el pago de las mesadas pensionales, pero el año entrante la cifra será de 52 billones, y el año que sigue la cifra superará los 60 billones de pesos. Una verdadera alarma en la que, con el paso del tiempo, el recaudo tributario se destinaría en su totalidad para pagar mesadas pensionales. El suicidio económico viene con este último proyecto de traslados express a Colpensiones que termina destinando la mayor parte de los subsidios estatales a cerca de 20.000 colombianos de los más altos ingresos, y que se pensionarán en muy pocos años. Un total desastre a las finanzas públicas. El costo fiscal de esta propuesta de traslados express a Colpensiones conllevará al colapso económico del sistema pensional en Colombia.

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