En el Cesar se han presentado una amenaza, un secuestro y un atentado, según la MOE.

El departamento del Cesar figura entre las regiones más afectadas por agresiones contra líderes políticos y servidores públicos desde el inicio del proceso electoral.
El listado fue dado a conocer por la Misión de Observación Electoral, MOE, que informó que entre estas regiones se encuentran: Cauca, Bogotá, Cesar, Valle del Cauca y Putumayo, por lo que esa organización le solicitó al Gobierno que se integre a todos los partidos y movimientos políticos en las estrategias para prevenir el escalamiento de los hechos de violencia.
Solo tres meses han pasado desde el inicio del proceso electoral en Colombia para elegir autoridades locales y regionales y ya se han registrado 30 hechos de violencia contra precandidatos, servidores públicos elegidos popularmente y funcionarios de los organismos de control.
Según la Misión Electoral, en Cauca y Bogotá se han presentado seis hechos en cada una de estas regiones; le siguen Cesar, con tres hechos: retención al alcalde de Pelaya, Edwar Pérez por parte del Eln, el atentado al precandidato a la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, Misael Liz Quintero, y la amenaza al personero de El Copey, Edwin Torres; Valle del Cauca y Putumayo, con dos cada uno.
“Dentro de las 30 agresiones registradas, seis hechos han sido dirigidos contra precandidatos a alcaldías, la mayoría de ellos con filiación política conocida. Estos corresponden a dos candidatos del Partido Alianza Verde, uno de Cambio Radical, uno independiente y tres sin partido identificado”, informó la MOE.
Según la MOE, de los seis precandidatos, dos fueron asesinados en menos de 72 horas, siendo el primero de ellos el precandidato a la Alcaldía de Cerrito (Valle del Cauca), Silvio Montaño Arango, el pasado 29 de enero. En el segundo caso está Jorge Herney Castrillón, precandidato a la Alcaldía de San José Uré (Córdoba), el 30 de enero.
El mismo informe asegura que las amenazas se han venido intensificando contra candidatos y funcionarios electos, es así como la primera ocurrió el pasado 20 de enero contra dos diputados de Putumayo: Yuri Quintero de la Alianza Verde y Euler Guerrero del Polo Democrático Alternativo. La segunda ocurrió en Bogotá, dirigida contra dos precandidatos del Partido Verde a la Alcaldía, Claudia López y Antonio Navarro Wolf; y contra cuatro congresistas: los excandidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del movimiento Colombia Humana, Ángela María Robledo y Gustavo Petro; el senador del Polo, Iván Cepeda, y el senador Antonio Sanguino de los verdes.
Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE, explicó: “Si bien se reconoce la importancia de la primera Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, es necesario involucrar a todas las organizaciones políticas, a miembros de la oposición y servidores públicos elegidos por voto popular, ya que el actual Plan de Acción Oportuna solo cobija líderes sociales y comunales, periodistas y defensores de derechos humanos”.
Recalcó la importancia de replicar, a la mayor brevedad, estas comisiones ampliadas en las distintas regiones.
“Estas amenazas provienen de una misma fuente a la que oficialmente no se le reconoce estructura militar, las autodenominadas Águilas Negras, pero que de manera clara es un instrumento de intimidación política contra líderes nacionales y locales que pertenecen a partidos y organizaciones que se han declarado abiertamente en oposición”, afirmó la MOE.
Es por ello que le pidió al Gobierno Nacional convocar, con carácter de urgencia, esta comisión, ya con la presencia de las colectividades políticas, de tal manera que se les presente a todos los actores involucrados el diagnóstico y una serie de recomendaciones para hacer frente a los hechos de violencia que tienden a intensificarse a medida que avanza el proceso electoral.

Por: Sandra Santiago B. / EL PILÓN
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