Luego de que el martes la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia notificara al abogado Jaime Granados la decisión de enviar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía General de la Nación, este solicitó su libertad inmediata.

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Según el documento revelado por El Tiempo, el abogado Granados se fundamenta en el hecho de que el proceso en la Corte Suprema era llevado bajo Ley 600. Pero, al pasar a la Fiscalía, queda cobijado en la Ley 906 de 2004, lo que significa que solo un juez de garantías puede decretar la medida de aseguramiento.

“La detención preventiva, en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, se rige por instituciones y procedimientos distintos que no pueden homologarse de forma automática, correspondiendo la prevalencia de la libertad en caso de que se deba pasar de un sistema al otro por razones de competencia“, dice el penalista.

Añade: “Sin duda alguna, son varias las razones por las cuales, la nueva realidad procesal, impone que la privación de la libertad, ordenada por la Sala Especial de Instrucción el pasado 3 de agosto de 2020, no pueda seguir teniendo validez, en el marco de un proceso de ley 906 de 2004“.

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Además, mencionó que la indagatoria no puede equipararse a formulación de imputación, por lo que estaría en un escenario de imposición de medida de aseguramiento sin la existencia de formulación de imputación.

De prosperar la solicitud del abogado Jaime Granados, su cliente estaría en libertad en un plazo de 36 horas.

Cabe recordar que el pasado 4 de agosto el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue cobijado con medida de aseguramiento preventiva por parte de la Corte Suprema de Justicia en la investigación que realizaba en su contra por los supuestos delitos de manipulación de testigos y fraude procesal.

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Sin embargo, al renunciar a su curul en el Senado, su caso pasó en las últimas horas a la justicia ordinaria al perder la Sala de Instrucción competencias en el proceso.