Ante la promesa de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, de realizar un Consejo de Ministros el próximo 10 de julio en el municipio de Fonseca, los querellantes que bloquearon por cuatro días la vía nacional que conduce de La Guajira hasta el departamento del Cesar suspendieron la protesta que buscaba llamar la atención del Gobierno nacional para mejorar la carretera y disminuir los peajes de esta región del país.

Además, lograron suspender el cobro del peaje de San Juan hasta tanto se desarrolle el Consejo de Ministros, acordado en el seno de la mesa de negociación del paro cívico de los guajiros, según manifestó el representante Legal de la Asociación de Cabildos del Sur de La Guajira, Saúl Carrillo.

“Inicialmente el gobierno planteó que solo dejaría de cobrar el peaje a vehículos livianos y microbuses y que los tractocamiones y vehículos pesados lo seguirían pagando, a lo que no accedimos”, acotó uno de los querellantes.

La reunión se realizó ayer en la Universidad de La Guajira, extensión Fonseca, donde estuvieron presentes la ministra, el subdirector de Invías, Óscar Cifuentes; el gobernador (e) de La Guajira, Wilbert José Hernández Sierra; transportadores y líderes de la comunidad guajira.

AFECTACIONES A CERREJÓN

Ante las protestas que mantuvieron incomunicados de manera interrumpida vía terrestre a 10 de los 15 municipios de La Guajira, y a este departamento con el Cesar, la multinacional Cerrejón dio a conocer que esta situación generó impactos negativos en su operación.

El presidente de Cerrejón, Guillermo Fonseca, manifestó en el marco de las protestas que hacía “un llamado para que todos los sectores de manera oportuna se construyan acuerdos que permitan salir adelante y tener una agenda colaborativa común en pro de la región, sus habitantes y la sostenibilidad de la empresa.

No se ha parado la operación por este incidente; por supuesto esta se ha visto afectada y ha disminuido la actividad minera a raíz de los bloqueos de las vías que no permiten el acceso al personal, así como el acceso a la vía férrea, pero estamos haciendo todo lo posible por mantener la producción, transporte y exportación de carbón para afectar lo menos posible a todos los colaboradores de Cerrejón”.

La carbonera cuenta con unos 6.160 empleados de forma directa y más de 7.000 contratistas, los cuales en su mayoría transitan por estas vías.

DESDE EL SENADO

A través de un comunicado, el senador Didier Lobo afirmó que “las comunidades de La Guajira han tenido que apelar al extremo recurso de promover un paro cívico para reclamar, una vez más, ante el Gobierno nacional la desatención de la que han venido siendo objeto en las últimas décadas. Se siguen incumpliendo las innumerables promesas electorales con las que apaciguan al pueblo, principalmente a sus miembros capaces de reclamar sus derechos en calidad de ciudadanos frente al Estado”.

El congresista señaló de la misma forma que “resulta injustificable que la producción de la gran riqueza minera guajira no se haya invertido honesta y adecuadamente en brindarles a los habitantes de este sufrido y olvidado departamento suministro de agua potable y demás servicios domiciliarios; soluciones viales, de salud, de educación, una red hospitalaria, oportunidad de una vivienda digna, factores prioritarios, urgentes y merecidos”.

Por: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ / EL PILÓN
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