La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso medidas restaurativas inéditas en su sentencia contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, incluyendo un acto público de petición de perdón por parte de las Fuerzas Militares en Valledupar.
La Subsección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó al Ministerio de Defensa coordinar con el comandante de la Segunda División este evento, con participación de víctimas indirectas y asistencia obligatoria del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, el de la Segunda División, el de la Décima Brigada y el del Batallón La Popa N.° 2.
Revocación de condecoraciones y formación obligatoria en DIH
Entre las órdenes, destaca la revocación inmediata de condecoraciones y felicitaciones otorgadas a Mejía por “resultados operacionales” vinculados al patrón de macrocriminalidad probado, que dejó 72 víctimas (3 mujeres, 3 menores, indígenas kankuamos y wiwas, afrodescendientes y personas con discapacidad).
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa debe incorporar permanentemente en cursos de formación para reclutas y personal militar una sección específica sobre la sentencia, incluyendo su motivación y parte resolutiva, además de publicarla en su portal por al menos 3 meses.
Compulsas a jueces militares y fiscales por encubrimiento
La JEP compulsó copias a la Fiscalía General contra 6 jueces de instrucción penal militar (Heidy Johana Zuleta Gómez, Aleyda Amparo Forero Castro, Carolina Galeano Londoño, Karinza Guerrero Ovalle, Carlos Darío Martínez y Javier Díaz) y el fiscal David Gnecco González de Agustín Codazzi, por posible obstrucción a la justicia en casos de víctimas de especial protección.
También remitió a la Sala de Reconocimiento de Verdad copias contra altos mandos como Juan Pablo Rodríguez Barragán (Comando Operativo 07), Gabriel Ramón Díaz Ortiz (II Brigada) y Leonel Gómez Estrada (I División del Ejército), por órdenes de operación conjunta con el Batallón La Popa durante la comandancia de Mejía.
Efecto totalizante cierra 35 procesos ordinarios
La sentencia genera “cierre jurídico totalizante”, esto significa que Mejía no podrá ser juzgado nuevamente por los 35 hechos probados ni por otros vinculados al patrón durante su mando (2002-2003), unificando procesos como 110010704006200900071 y J046, previamente abiertos en justicia ordinaria.
Las condenas previas a 19 y 34 años en la justicia ordinaria quedan sin efecto para Mejía; cabe recordar que, de 518 comparecientes del Batallón La Popa, 12 recibieron sanciones propias de hasta 8 años por reconocer responsabilidad, y 11 obtuvieron renuncia a persecución penal.
