Lo hemos dicho muchas veces en esta humilde columna: una de las consecuencias lógicas del proceso de paz de Juan Manuel Santos, es la desinstitucionalización de Colombia. Acciones como el fast track para aprobar el paquete legislativo en el Congreso que le abrió las puertas, el incluir todo ello en el bloque de constitucionalidad, la omisión que se hizo del resultado del plebiscito, entre otros, han llevado a que en nuestro país todo se haya relativizado, los mínimos que todos catalogábamos de básicos para el funcionamiento del estado ya no existen. Y ese gravísimo antecedente nos tiene con un presente sombrío y proyectando un futuro negro con la llegada del Socialismo del Siglo XXI a la Casa de Nariño.

La solicitud del Gobierno nacional de levantar las órdenes de captura a varios delincuentes -especialmente narcotraficantes- nos tiene en alerta a quienes hacemos parte del país que exige orden y justicia para poder convivir en paz, en verdadera paz.

El Fiscal General –Francisco Barbosa– se manifestó recientemente en la misma línea de algunos jueces honestos y sensatos, en términos de calificar todo esto como una locura. En general ha manifestado que la expedición por parte del gobierno de decretos que pretenden ordenar la suspensión de actividades en contra de bandas criminales como ‘Los Pachenca’ y el ‘Clan del Golfo’ es una absoluta locura. 

Ahora resulta, como está sucediendo en Bogotá, que los delincuentes están en las calles haciendo fechorías mientras funcionarios como el ministro de justicia, Néstor Osuna, abogan por dejarlos libres para que sigan robando, amedrentando y asesinando. ¡Claro! Es que el señor ministro tiene esquema de seguridad pero la mayoría de colombianos no…

El Fiscal General declaró recientemente que “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”. Para quienes vivimos esos difíciles años de guerra contra los carteles de Medellín y Cali, además de grupos de ese estilo que emergieron en otras regiones, es un despropósito que actualmente se propaguen ideas que buscan la impunidad a toda costa.

¿Dónde quedan los miles de muertos y el sufrimiento de esa Colombia que se vio sumergida en el narcoterrorismo? Y es entonces cuando me pregunto si los denominados “pactos de La Picota”, en los que participaron el hermano del hoy presidente de la República y varios de sus secuaces, tienen que ver con lo que hoy está pasando. ¿Se está pagando una factura por apoyos de la mafia en la campaña presidencial que terminó en junio pasado con los resultados que todos conocemos? Todo esto huele muy mal…

En uno de los decretos emitidos hace poco por el Gobierno nacional, en su artículo segundo, se establece que debe darse “…el cese de actividades policiales y militares…”, dejando a la ciudadanía a merced de los hampones y a nuestras Fuerzas Armadas, que constitucionalmente deben proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, con las manos cruzadas, con una mordaza en la boca y la moral por el piso.

Afortunadamente parece ser que Washington está de acuerdo con la posición del fiscal colombiano y que tiene serias reservas sobre la manera como el gobierno Petro está desarrollando el proceso denominado de la Paz Total, a diferencia de ciertos estados que se han llamado “amigos y garantes del proceso”, que toman decisiones de apoyar un paquete de ideas, proyectos y cambios que la mayoría de nosotros rechaza.

La confiscación de droga y la destrucción de laboratorios clandestinos para la fabricación de la misma está en sus mínimos históricos, causando revuelo hasta en los sectores demócratas de nuestro aliado del norte. Ojalá esto repercuta de alguna manera para que se pueda corregir el camino porque como vamos, estamos llamados a ser el refugio ideal para la delincuencia internacional.

Hoy vemos con tristeza cómo diariamente más y más compatriotas salen de Colombia a destinos como Estados Unidos, Canadá y España, al anticipar un futuro que nos acerca a las repúblicas bananeras de antaño. 

Por Jorge Eduardo Avila