Cada vez son más los usuarios que se quejan por el cobro irregular del servicio de taxi en la ciudad. Los conductores aseguran que el precio subió, pero la Secretaría de Tránsito no ha autorizado aumentos desde diciembre de 2023.
Las 3 estaciones del Cesar que actualizaron los precios son Platanal, San Diego y Rincón Hondo.
El diseño actual establece 2 metros de separación entre la primera calzada y la segunda que está en construcción, aunque en algunos tramos varía la distancia, pero los veedores proponen que sea de mínimo 5 metros para garantizar la seguridad vial.
“No existe una norma específica que defina el ancho mínimo de los separadores en carreteras doble calzada, por lo tanto, las consideraciones técnicas para establecer la medida del ancho de separador obedecieron a lo establecido en el manual de diseño geométrico de carreteras del Invías”, argumentó el contratista.
“Para el año 2025 veríamos cómo están los recursos disponibles y poder verificar si la asignación presupuestal del Invías , dependiendo de lo que el Gobierno Nacional asigna, puede permitirnos cubrir esa pavimentación”, aseguró Juan Carlos Montenegro.
El documento con los detalles de los tramos fue entregado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán a la ministra María Constanza García durante la visita de la alta funcionaria a la segunda calzada Valledupar - La Paz.
EL PILÓN consultó a la ministra de Transporte cómo va la consecución de los recursos faltantes y la funcionaria manifestó que a través de la estrategia de alianza entre entidades públicas pueden sumar para terminar este tipo de proyectos.
“Yo tengo la tranquilidad y espero que nuestro diseño se solvente solo porque para eso contratamos expertos y especialistas que se dedican a hacer estos diseños”, puntualizó la funcionaria del Gobierno nacional.
En el evento, la veeduría de la construcción de la segunda calzada reiterará la solicitud de ampliar el separador central de 2 a 5 metros, para lo cual también convocaron a la gobernadora del Cesar.
El diseño del separador entre esta y la primera calzada es de 2 metros, pero los ciudadanos solicitan que ascienda mínimo a 5.
“Esos recursos no necesariamente tienen que salir de la Alcaldía, sino a través de este convenio, podemos tramitar ante la Gobernación del Cesar y el Gobierno nacional”, indicaron desde Findeter, entidad que gerencia el proyecto vial.
Una vez la veeduría haga la solicitud formal a Findeter, la entidad iniciará el estudio técnico y jurídico con el Instituto Nacional de Vías (Invías) para aprobar o rechazar la modificación.
La veeduría ha pedido a la autoridad ambiental que agilice el trámite porque podría afectar el avance de la obra, no obstante, la interventoría no reporta retraso.
“La persona tiene derecho a ser oído, a presentar pruebas, a controvertir precisamente la situación si en dado caso considera tener la razón y ya ahí se determina la responsabilidad”, explicó el secretario de Tránsito del municipio.
“La actual administración municipal de Valledupar junto con la Gobernación del Cesar solicitaron a la ANI modificar el sitio de ubicación de la glorieta de empalme, pidiendo que se traslade aproximadamente 200 metros sobre el eje vial actual respecto al sitio inicialmente acordado”, recordó Yuma.
Según Mintransporte, la persona deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, el cual dicta que el inculpado podrá aceptar Ia comisión de Ia infracción o rechazarla.
“Estamos a la espera de que Findeter envíe propuestas, hasta el momento no hay una solución definitiva ni tampoco hay suscrito convenio”, dijo la jefe de Planeación del municipio, Laura Garrido.
Las obras empezaron en mayo, pero solo están interviniendo tramos. Aún faltan recursos, permisos ambientales y concertación entre el municipio, la ciudadanía y la Nación para definir la salida por el barrio San Fernando, en Valledupar.
Esto se da luego de que transportadores y ciudadanos bloquearon la vía, exigiendo que se termine la obra contratada por $39.580 millones.
El Ministerio refiere que el marco legal del modo férreo tiene más de 100 años (Ley 76 de 1920) y se requiere modernizar el sistema.
Desde la Secretaría de Infraestructura del Cesar y la Alcaldía de Manaure dieron a conocer que el contratista manifestó que tuvo que retirar la maquinaria y el personal porque estaban siendo objetos de extorsión y amenazas.