Reiniciar las obras; exigir un plan de pago para los proveedores, que no puede estar condicionado al resultado de un Tribunal de Arbitramiento; propiciar un plan para que las obras continúen y que los tribunales de arbitramento Internacionales sean suspendidos por parte del concesionario, concluyó el vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Mejía, luego de la audiencia pública de la Ruta del Sol, tramos 2 y 3.

“Es imperante hacer cumplir el contrato y hacer cumplir la ley, así como seguir examinando con YUMA Concesionaria, posibles soluciones a la problemática de infraestructura vial”, expresó el funcionario, quien anunció que las obras del sector 3 se reiniciaron la semana pasada, lo cual va a constatar hoy personalmente.

LO QUE SE ACORDÓ

*Tramo 2: apresurar las 5 licitaciones para este tramo, por un valor de 580 mil millones de pesos, que debe estar lista a más tardar el 15 de julio por parte de Invías.

Además se harán unas mesas de trabajo en el territorio para que la comunidad socialice con los concesionarios lo referido a las variantes y accesos a los pueblos; y se revisará el tema predial para resolverle los pagos a los dueños de los predios que han sido y serán intervenidos en la construcción de la via.

*Tramo 3: el próximo martes y miércoles habrá una reunión en Bogotá entre la ANI y los concesionarios para encontrar caminos que permitan flexibilizar pagos y flujos de caja entre esos dos actores, lo cual iría ‘amarrado’ a un plan de pagos de la concesionaria a los proveedores, que hoy son los más afectados con esta situación.

VOCES DE PROTESTA

El presidente de la Unión Nacional de Comerciantes, seccional Bosconia, Milton Cotamo Rondón, aseguró que la economía del municipio de Bosconia está colapsada en la actualidad. “Venimos de dos debacles: el de Conalvías, que dejó más de 200 mil millones de pesos en deudas, luego que la Superintendencia autorizara que la empresa se acogiera a la Ley 1116, por lo que hoy están pagando estos pasivos a retazos e irrisoriamente a los empresarios de la región, presentando 10 meses de parálisis de la obra. Hoy nos encontramos que la Constructora Ariguaní se acogió a la misma ley por parte de la Superintendencia, lo que deja incertidumbre dentro del comercio porque no sabemos lo que va a pasar con las deudas que llegan casi a 150 mil millones de pesos”, precisó.

Por su parte, el alcalde de Bosconia, Juan Enrique Aarón Rivero, dijo que “existe gran expectativa frente a esta audiencia, sobre todo porque he venido asistiendo a una serie de reuniones y nunca hemos encontrado resultados pertinentes del Gobierno Nacional de este macroproyecto que está dejando a municipios como Bosconia con una situación financiera bastante delicada”.

Mencionó que por esta crisis hay más de 600 desempleados en el municipio; pérdidas económicas de proveedores, trasportadores y comerciantes en la quiebra total; deudas que superan los 26 mil millones de pesos solo en proveedores de Bosconia y por eso reclama del Gobierno Nacional una respuesta contundente a esta problemática.

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón, subrayó que “YUMA ha tratado de evadir su responsabilidad con el Estado y los particulares. La suscripción del convenio se hizo entre la ANI, en representación del gobierno colombiano, y YUMA, conformada por muchas empresas del orden nacional e internacional, que están incursionando en la construcción de gran infraestructura. Así que YUMA debe responderle a quienes les han aportado bienes y servicios para la ejecución del proyecto”.

Agregó que “frente a esta postura casi que ‘criminal’ de YUMA de no responder por sus obligaciones contractuales tomamos la decisión de denunciar penalmente a la empresa para que respondan sus representantes legales ante la autoridad competente. Ya la Fiscalía adelanta investigaciones porque incluso en el acta de inicio de la obra se habla de un cierre financiero y la obra está parada por plata; hoy no hay claridad frente a cuál es la financiación real del proyecto, qué se hicieron los recursos que aportó Impregilo, qué se hicieron los recursos provenientes de un crédito por 240 mil millones de pesos del sector financiero”.

EL LÍDER DE LA AUDIENCIA

El representante a la Cámara, Cristian José Moreno, quien fue el organizador del evento, expresó que “el departamento del Cesar no aguanta más la problemática que ha ocasionado a los sectores de construcción vial: la crisis económica, la quiebra generalizada de los comerciantes de Bosconia a El Copey y Ye de Ciénaga; la problemática de la falta de empleo, y la pérdida de expectativa de actividades comerciales”.

Enfatizó que “las vías se están deteriorando, están inconclusas y lo que se está creando es un ‘elefante blanco’ cuando lo que esperábamos eran unas vías para la competitividad y la conectividad de nuestra región. Las comunidades hoy se quejan porque la construcción de esta vía que está suspendida, lo que genera es el aislamiento del departamento, que solo quedaría como una región de tránsito ante la conectividad nacional de la región Caribe con el interior del país”.

EN CIFRAS

*En el tramo 3, que corresponde al concesionario YUMA, los proveedores les deben a los comerciantes alrededor de 140 mil y 200 mil millones de pesos.

*En el tramo 2, donde ocurrió el escándalo de Odebrech, está generando un impacto negativo de alrededor de 800 mil millones de pesos por la no continuidad de la obra.

Por Annelise Barriga Ramírez
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