Por: Nuris Pardo

La efectividad de la justicia depende de la dinámica que se utiliza para su aplicación, la demora en el castigo o la exoneración para que incida entre lo que deben obedecer se da en el momento inmediato de los hechos, aplazar una investigación o dilatar los procedimientos es una ayuda que se le hace al victimario, debido a que los indicios pruebas y demás desaparecen con el transcurrir del tiempo debido a muchas razones, la primera de ellas es quizás el interés de los actores en hacer que todo desaparezca, pero además los escenarios como todo tienden a desfigurarse o esfumarse, pero al mismo tiempo los testimonios y demás documentos pueden de la misma manera pasar a ser vistos de forma contraria o por qué no decirlo negociarse a cambio de dádivas, amenazas u otra forma de represión.

Con la aparición de la Constitución de 1991, vino acompañada a ella la creación de la Fiscalía General de la Nación, con el firme propósito de hacer más rápidas las investigaciones, buscando una independencia entre el instructor y el investigador, es decir, un despacho investigaba los hechos y otro valoraba y tazaba las penas, si eran sus vinculados culpable o no de la conducta anormal atribuida.

Muy buen propósito, pero como siempre no todo va acompañado de quereres sino que es aditamento principal el resultado; se dispuso entonces ante tal inventiva expedir un nuevo código de procedimiento penal, que al fin y al cabo es el instrumento motriz que hace que la ley sustantiva se materialice y como siempre todo quedó a la expectativa y hoy con los resultados vistos, la acumulación de procesos en los diferentes despachos, continua aceleradamente tocándole al funcionario respectivo aplicar la figura de la excarcelación cuando pasado el tiempo establecido, no se ha dictado resolución de acusación a los respectivos involucrados, todo parece ser peor que antes.

Quiero traer a referencia lo sucedido hace dos años y más en Bogotá para el día de la brujitas con el joven guajiro Luis Andrés Colmenares, quien en forma hasta hoy no sabida, resultó muerto accidental o a manos de otras personas y donde se han tejido las más disímiles tesis en favor y en contra, hasta el punto que ya son pocos los que recuerdan los hechos de quienes están vinculados a la investigación entre ellos los presuntos implicados, los instructores y como es lógico los padres de éste quienes han dado la más dura y persistente batalla jurídica buscando esclarecer los hechos y como es natural buscar el castigo a quien resulte responsable.

Estos lacerados padres, han dado una muestra de civilidad porque en todo momento han estado confiado en que la justicia opere definiendo con claridad todo cuanto a ello concierne y como es de suponer, requiriendo un pronunciamiento rápido para que de una vez por todas se haga claridad al respecto y no quede en la impunidad el acontecimiento que por su complejidad ha servido hasta de medio para ridiculizar el derecho penal que nos rige.

Si la justicia es un servicio público y los afectados pueden requerir como derecho fundamental la verdad coincidimos con las pretensiones de los familiares esbozadas, caso que no es único, igual está sucediendo con el proceso donde se encuentran involucrados el llamado carrusel de la contratación, la yidis-política, los falsos positivos y otros tantos de mayor o menor calado, y por qué no decirlo la subversión y corrupción que tanto mal le han hecho al país.

La justicia es lo que hace a los pueblos libres, la libertad y la justicia deben caminar unidas porque de ello depende la conciliación y la paz, no dormirá tranquila una comunidad cuando no tenga un sistema judicial que defienda lo justo y donde a los proclives y desadaptados se le aplique lo que merecen, no solamente para castigarle sus osadías, sino que estas sirvan de ejemplo a los demás para que no se les ocurra hacer lo mismo, ya que como dice popularmente la ley no solamente debe estar escrita sino aplicadas con toda rigurosidad y hasta ahí tienen toda la razón.