El señor Moscote, un hombre de campo. Huérfano de madre, no tuvo infancia. Con pocos estudios, apenas aprendió a escribir su nombre. A los 17 años ya era padre de familia. Con el esfuerzo de muchos años consolidó una estabilidad económica para el sustento de su familia. Vivía tranquilo haciendo lo que le gustaba y sabía hacer en su pequeña finca. Generaba empleo y productos agropecuarios, pagaba impuestos y cumplía sus obligaciones con el Estado. Contribuía con el desarrollo de su país.

Pero llegó la época del conflicto armado y todo cambió. Bajo la presión de los fusiles malvendió su finca, le asesinaron a uno de sus hijos y le hurtaron 50 cabezas de ganado. Quedó descapitalizado, pero más grave aún: desmoralizado y sujeto a la ayuda de los demás. Lleva casi 20 años en espera de la restitución de sus derechos por parte del Estado.

No quedó nada de aquel señor Moscote: un hombre fuerte, trabajador, productivo, jamás se enfermaba, tanto así que ni siquiera sufrió de caries en sus dientes. Hoy es otra persona, además de su avanzada edad, ahora vive bajo control médico permanente, sus piernas ya no tienen fuerza para caminar, su  sistema digestivo y sus pulmones funcionan a medias.

La rutina diaria del señor Moscote se desarrolla entre su EPS, hospitales y clínicas. Resulta increíble pero las diligencias médicas a las que se ve sometido parecieran una penitencia institucional. Este es su itinerario: va de urgencia a la clínica porque se siente mal, después de un largo tiempo el médico de turno lo atiende, le receta los medicamentos de siempre y lo remite al internista. De ahí sale cansado y más enfermo por la fatiga de la larga espera.

Al salir de urgencias le aguarda una tortuosa tramitología. Primero debe ir a su EPS para que le autoricen los medicamentos, la cita con el internista y otros servicios. Después de recorrer varias cuadras llega a su EPS, tras otra larga estadía logra un primer objetivo, pero la misión apenas comienza. Va al dispensario a reclamar los medicamentos, no se los entregan todos, debe esperar a que lo llamen para volver y someterse a otra agotadora jornada para que le entreguen el resto. Además, la receta contempla unos fármacos que los entregan en otro dispensario al que también tiene que ir. A estas alturas ya se ha desplazado a cuatro sitios diferentes y distanciados uno del otro, además de muchas horas de espera en cada uno de ellos.

Ahora falta conseguir la cita con el internista, con la autorización de la EPS vuelve a la clínica para que se la programen, allí le dicen que debe esperar llamada, regresa a casa con el ánimo por el piso porque pese a todo su esfuerzo su tramitología quedó a mitad de camino y no cesa su malestar.

Pasó el tiempo y la llamada para lo del internista nunca llegó, la impotencia y la angustia se apoderan del señor Moscote, quien se ve obligado a volver a la clínica e insistir hasta lograrlo, pero en un sitio distinto, es decir, otro nuevo desplazamiento para una persona que apenas puede caminar y solo tiene unas cuantas monedas.

El internista le manda nuevos medicamentos, muchos exámenes y lo remite a tres especialistas: neumólogo, gastroenterólogo y nutricionista, lo que significa que tiene que repetir el ciclo de trámites: ir a la EPS, a varios dispensarios y regresar a la clínica para que le programen las tres citas en mención.

El señor Moscote se enfrenta a un nuevo ciclo de trámites, pero esta vez multiplicado por tres y con el agravante de que ahora son más exámenes, es posible que sus débiles piernas ya no resistan más. 

En síntesis, ya ha pasado más de una semana y el señor Moscote todavía no ha recibido el debido tratamiento médico, es por ello que sus dolencias físicas y malestares de salud jamás superarán el dolor de su alma, su dolor de patria y su pesar frente a la indiferencia estatal. Lo más triste es que la situación del señor Moscote también la padecen miles de colombianos y es cuando surge entonces el siguiente interrogante: ¿dónde está el Estado Social de Derecho?