El pasado 26 de diciembre de 2019, el presidente de la República, Iván Duque, decretó un incremento del 6 % en el salario mínimo que empezó a regir desde el primero de enero del presente año. Con este aumento, el salario básico pasó de $ 828.116 a $ 877.803 con un auxilio de transporte de $102.854 pesos para un total de $980.657. Sin embargo, algunos trabajadores denuncian que a la fecha aún no gozan de este aumento que se realizó debido pese a que el país cerró en el 2019 con una inflación de 3.84 % según el Banco de la República.
Una trabajadora de una tienda de textiles aseguró que sigue recibiendo como pago de las ocho horas diarias que trabaja de lunes a viernes $ 828.116 los cuales no son suficientes para suplir el costo de los servicios, la canasta familiar y la colegiatura de su hija de seis años. Esta madre de familia comenta que su jefe no ha actualizado el pago de la nómina de las cinco trabajadoras que laboran con ella en la tienda. Aseveró que en reiteradas ocasiones se han acercado al administrador para exigirle el aumento en el salario pero éste les comenta que pronto les pagará lo establecido y dicha promesa no ha sido cumplida a casi dos meses de que el decreto entró en vigencia.
Los empleadores que no cumplen con lo establecido en el Decreto 2360 del 26 de diciembre de 2019, que dicta el aumento en el salario mínimo de carácter obligatorio pueden tener una sanción moratoria estipulada en el artículo 65 del Código Laboral la cual establece que al trabajador como indemnización se le debe pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo en su pago y en sus prestaciones sociales cuando termine su contrato. Esta sanción es un mecanismo legal que establece la ley laboral para proteger el derecho a la remuneración de los trabajadores y de su núcleo familiar de acuerdo con el abogado Ernesto Vargas.
