Ya son más de 3 años de intervención y casi 10 interventores, y las mejoras en Emdupar no han sido estructurales, como se prometió en su momento.
Esta diferencia, que representa un alivio significativo para el bolsillo de los vallenatos, no es fortuita, sino que se fundamenta en dos realidades estructurales opuestas: una ventaja geográfica natural y una crisis administrativa profunda.
No podemos permitir que Emdupar sea administrada nuevamente sin un plan serio que asegure su viabilidad.
EL PILÓN dialogó con el agente especial, quien aseguró que continúan trabajando para sanear la empresa pública de los vallenatos, y luego sí regresarla al Municipio.
Dentro de la acción popular se solicitó una medida cautelar para suspender de forma inmediata el cobro de las pérdidas en la factura.
Cabe recordar que, a menos de una semana de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la empresa Air-e se suspendió el cobro de la llamada Opción tarifaria.
La acción se llevó a cabo en la sede central de la compañía en Barranquilla y paralelamente en las oficinas de los departamentos.
Según los funcionarios, Air-e SAS ESP estaría financiando la prestación del servicio de energía eléctrica con los dineros que pagan los contribuyentes por la prestación del servicio de alumbrado público.
El agente especial interventor, Pablo Jaramillo, aseguró que la “Superintendencia de Servicios Públicos no va a liquidar Emdupar”.
Desde que la Superintendencia de Servicios Públicos intervino Emdupar, las relaciones con Radian han sido conflictivas. Incluso, el contratista demandó a Emdupar por $52.000 millones por presunto incumplimiento del contrato. En el mes de noviembre de 2023, la Superintendencia no renovó el leonino contrato entre Radian y Emdupar, y buscó un nuevo socio operativo. Pero […]
En la negociación desaparecieron las polémicas primas del pescado (abril) y las brujitas (octubre), bajaron los permisos sindicales remunerados, y los trabajadores pagarán el recibo de agua completo.
Cubrir las responsabilidades laborales y los impuestos a la hora de liquidar Emdupar podría costar casi 30.000 millones, por eso, y para evitar traumatismos, las partes siguen dialogando para no llegar a la liquidación.
Para firmar la convención colectiva, la ‘Super’ puso como condición eliminar la tabla de indemnización por despido sin justa causa, lo cual no fue aceptado por los sindicatos.
El nuevo contratista deberá ejecutar actividades correspondientes a la gestión comercial de Emdupar, incluyendo la incorporación de nuevos suscriptores.
EL PILÓN dialogó con Fabián González Ochoa, presidente de Sintraemsdes-subdirectiva Valledupar, sobre las negociaciones que están realizando con la Superintendencia de Servicios Públicos para definir el futuro de Emdupar.
Antes de iniciar las negociaciones, los sindicatos están enfrentados entre sí, es decir, un grupo quiere negociar y otro no está dispuesto a desmejorar sus condiciones laborales.
¿De dónde saldrían esos recursos? Como es conocido, la empresa pública es propietaria de terrenos y equipos. Además de su venta, la Superintendencia tendría que buscar recursos ante el Gobierno nacional y entidades territoriales.
Todo empezó en el año 2016, cuando la Superintendencia planteó un programa de gestión a la empresa por la crisis financiera que recién empezaba agudizarse. La empresa nunca cumplió el plan y los indicadores continuaron cayendo.
Para la disposición final fue contratada Aseo Upar. Emdupar tiene una participación del 5%. La empresa pública entregó un lote de 130 hectáreas para que operen el relleno sanitario sin nada a cambio.
La norma condiciona a la Superintendencia a tomar una decisión antes del 2 de julio. En caso de no llegar a un acuerdo liquidarán Emdupar.
Al igual que en Santa Marta, Emdupar podría pasar a ser intervenida por EPM, quienes estructurarían un plan para salvarla.
Según el funcionario nacional, decidieron intervenir la empresa antes de tiempo porque la administración municipal no cumplió el plan de mejoramiento.
En un plazo de 48 horas se deberá entregar un informe para establecer las causas que ocasionaron la interrupción del servicio de energía.
