Las declaraciones del representante Ape Cuello en el Concejo de Valledupar, quien calificó la intervención de Emdupar como un error, son, no solo desafortunadas, sino que también ponen de manifiesto un desconocimiento acerca de la dura realidad que enfrentaba la empresa. La decisión de intervenir a Emdupar no fue arbitraria ni se basó solo en datos que se dieron durante la pandemia, sino que fue una medida urgente para prevenir el colapso de una entidad que había estado en crisis durante más de 8 años antes de la pandemia, poniendo en peligro el servicio público en Valledupar.
Durante un largo tiempo, Emdupar acumuló una lista de múltiples de problemas: inversiones sin ejecutar por 97 mil millones de pesos, una cartera morosa que superaba los $88 mil millones y un índice de agua no contabilizada (IANC) de más del 55 %. A esto se le sumaban serias deficiencias en la calidad del agua, un sistema tarifario mal implementado y una gestión administrativa deficiente. La deuda con empleados, acreedores y organismos de control seguía creciendo, comprometiendo la continuidad del servicio.
El 2 de marzo de 2023, la SSPD tomó posesión de Emdupar bajo la Resolución No. SSPD-20231000173785, y más tarde, el 28 de junio de 2024, mediante la 20241000312505, se modificó la modalidad de intervención con fines liquidatorios-etapa de administración temporal. Esta decisión se basó en el artículo 59 de la Ley 142 de 1994, que establece que una empresa puede ser intervenida si no puede garantizar la calidad y continuidad del servicio. Desde entonces, hasta noviembre de 2023, los resultados han sido evidentes: el último informe mostró mejoras en la gestión financiera, optimización técnica y una reducción de las pérdidas de agua.
