En este nuevo caso que no está relacionado con ‘falsos positivos’ se han documentado por lo menos 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.
La historia de Guzmán Quintero pasó a ser parte del doloroso expediente del país sobre las personas que murieron en un plan sistemático y generalizado por callar la libertad de prensa.
Es claro que la operación de un puñado de empresas despiadadas, que de vez en cuando tratan de mostrar una que otra obra social, es solo un sofisma frente a los enfermos que deja la contaminación en varias décadas.
El fallo de la Corte Constitucional, aún pendiente, por las demandas que pesan contra el “Marco Jurídico para la Paz”, tiene la delicada prerrogativa de definir la suerte de las negociaciones en La Habana
