Es claro que la operación de un puñado de empresas despiadadas, que de vez en cuando tratan de mostrar una que otra obra social, es solo un sofisma frente a los enfermos que deja la contaminación en varias décadas.
Por Miguel Angel Castilla
Es claro que la operación de un puñado de empresas despiadadas, que de vez en cuando tratan de mostrar una que otra obra social, es solo un sofisma frente a los enfermos que deja la contaminación en varias décadas.
El daño es irreparable, y tipificar su accionar como crimen de lesa humanidad es poco. Dicen, quienes saben de reformas, refundaciones y exterminio, que es una forma ética y estética de asesinar al prójimo. Es una anulación lenta y perversa dirán otros. Este servidor, que ha tenido la oportunidad de recorrer sus entrañas, simplemente lo considera un campo santo del carbón. Un entrevistado en Boquerón, del que omito su nombre para que no lo maten, afirma, “aquí nos aniquilan como cucarachas”.
Después de ver el documento original de los hechos, en los que las firmas de abogados, DS Legal Solutions y Al Abogados, con pruebas contundentes reafirman lo que miles de trabajadores y comunidades han denunciado hasta la saciedad, diría que por fin alguien, aunque tarde, se puso bien los pantalones. Está demostrado que los cobardes solo son convidados de piedra sin compromiso. De eso está lleno el Cesar.
Es tal la afrenta de las multinacionales, que partes del documento grueso de la denuncia, delata cierto cinismo y modo dictatoriales de anulación. El daño ambiental causado por Drummond, Carbones de La Jagua, Colombian Natural Resources, Prodeco S.A., Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, solo puede calificarse como una hecatombe.Dios quiera a nadie se le ocurra hacer el ridículo afirmando que el aire de la Loma es mejor que el de Leticia. Solo hay que estar en la Jagua cuando llueve para sentir los estragos de la lluvia acida.
Bueno, como nunca es tarde, y el delito desde lo moral nunca prescribe, siete mil habitantes, entre trabajadores, ex trabajadores y personas de la comunidad del Corredor Carbonífero del Cesar, de los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Becerril, y Codazzi, por fin le dicen a estas multinacionales que es hora de parar, replantear y respetar.
La denuncia penal instaurada en la Fiscalía General de la Nación presentada por lesiones personales, daños en los recursos naturales y contaminación ambiental; la Acción de Grupo en la que se exige una indemnización por los perjuicios individuales, y la Demanda Ordinaria Laboral como consecuencia del trabajo en condiciones de riesgo determinado por agentes físicos, químicos y biológicos, confirma el alcance de una demanda que conjuga el sentir de todos los que habitan en esta especie de moridero.