Con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de decretar el crimen del periodista y jefe de redacción de EL PILÓN, Guzmán Quintero Torres, de lesa humanidad, ya son seis los asesinatos que en la historia del periodismo colombiano tienen esta declaratoria para que los hechos investigados no prescriban, según reportó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

La historia de Quintero pasó a ser parte del doloroso expediente del país sobre los periodistas que murieron en un plan sistemático y generalizado por callar la libertad de prensa.

En total, de acuerdo a la FLIP, 160 personas han sido ultimadas en el territorio nacional en ejercicio de sus labores por motivos desconocidos o por el conflicto armado, de los cuales, solamente seis han alcanzado a ser titulados de lesa humanidad y dos como crímenes de guerra.

LAS VÍCTIMAS

El primer asesinato en recibir esa connotación en el año 2010 fue el cometido en contra del periodista y director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza, quien murió al denunciar la intromisión del narcotráfico en el Estado colombiano.

Cano Isaza fue ultimado con arma de fuego por sujetos en moto, en la noche del 17 de diciembre de 1986, al salir de las instalaciones del periódico, ubicado en la avenida 68 de Bogotá. Otro caso similar lo vivió el fundador y director del Diario La Opinión, Eustorgio Colmenares Baptista; asesinado el 12 de marzo de 1993 por unos delincuentes que lo abordaron en su lugar de residencia en el barrio Caobos de Cúcuta, Norte de Santander.

A este selecto grupo también se unen las muertes de los periodistas y esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado, cuyos crímenes fueron cometidos el 19 de mayo de 1997, al norte de la capital del país.

Mención a parte merece el homicidio del periodista Jaime Garzón, puesto que, a pesar que fue catalogado de lesa humanidad en el 2016 por la Fiscalía, en el mes de julio del presente año la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá reversó la decisión bajo el argumento de que este no cumplía con las condiciones para tener esa categoría. Actualmente la determinación está en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

OTROS DELITOS

Sin embargo, la lucha por la justicia no para y otros delitos cometidos en contra de otras comunicadoras que están vivas han tenido la misma categorización, tal es el caso de Jineth Bedoya Lima y Claudia Julieta Duque.
Bedoya Lima fue víctima de paramilitares que la secuestraron, torturaron y abusaron sexualmente, mientras que, Duque fue objeto de intimidación, acoso, amenazas y vigilancia por agentes del desaparecido (DAS), en el desarrollo de su profesión.

El último logro recientemente fue el de la declaratoria de Guzmán Quintero aunque eso, según los especialistas, no significa que haya justicia en su totalidad pues se desconocen los autores del hecho sangriento.

“Colombia sigue siendo uno de los países de mayor riesgo en el mundo para el ejercicio del periodismo y el 1999 fue una año pico en ese tipo de crímenes y es en ese escenario en que es ultimado Guzmán Quintero para silenciar de paso no solo al asesinado sino también a la prensa de la región”, manifestó el abogado Reinaldo Villalba, quien hace parte del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, una organización sin ánimo de lucro defensora de los Derechos Humanos en Colombia.
Similar análisis hacen los periodistas de larga trayectoria en el departamento del Cesar, al indicar que existe aún mucho camino por recorrer para brindar las garantías que necesita el oficio.

“El periodismo de por si es una profesión de alto riesgo, entonces no es que haya antes un tiempo mejor o peor. Solamente que el periodismo lo que va es cambiando según la coyuntura que existe en el momento en el país. Si miramos 20 años atrás, colocándolo en el contexto de la muerte de Guzmán Quintero, eran tiempos muy difíciles porque había censura, amenazas porque había obstrucción pero también asesinatos para callar voces”, acotó la periodista Ana María Ferrer, corresponsal para la Fundación de la Libertad de Prensa y exdirectora de esta casa editorial.

Entre tanto, la periodista Yanitza Fontalvo, expresidenta del Círculo de Periodista de la capital del Cesar, comunicó que los riesgos radican en que ahora hay autocensura, continua el irrespeto a la libertad de prensa y las leyes no hacen nada para mejorar esa realidad.

“Cuando nosotros lo vivimos fue una época de mucha violencia donde el oficio fue vulnerado sobre todo en Valledupar, especialmente con dos asesinatos, varios secuestros y muchas amenazas. En este momento continúa igual porque se está vulnerando todo el tiempo la libertad de prensa, las leyes que hacen los congresistas no protegen a los periodistas”, dijo Fontalvo.

¿QUÉ SIGNIFICA DE LESA HUMANIDAD?

Para determinar que un delito es de lesa humidad hay que tener en cuenta la sentencia C-370 del año 2006 de la Corte Constitucional de Colombia, la cual establece las principales características para que estos sean identificados.

Entre los aspectos están que los delitos estudiados sean considerados de lesa humanidad, que el ataque sea generalizado, que son posiblemente víctimas del Estado o grupos insurgentes, entre otros.

“Es el exterminio sistemático de ciertos colectivos bien establecidos como étnicos, religiosos, políticos que se vean que han sido objeto de una reiterada conducta por parte de un determinado grupo”, explicó el abogado penalista, Benjamín Jaimes Quintero.

Esta categorización no permite que el caso prescriba pero no garantiza que no vaya a ver impunidad, puesto que, todo depende del avance que realice la Fiscalía en las indagaciones para que se conozca la verdad.

“El carácter de no prescripción es una garantía para que esos comportamientos tipificados en los tiempos penales de cada estado y que están siendo investigados y superan el tiempo máximo, la acción penal se pueda desarrollar, se puedan investigar en cualquier momento. Pero no quiere decir que cualquier persona que esté siendo investigada bajo los mismos automáticamente vaya a ser condenada”, finalizó el abogado Benjamín Jaimes Quintero.

CRÍMENES DE GUERRA

En el gremio otras voces como la del periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y el fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas fueron silenciadas a manos aparentemente de grupos al margen de la ley, pero a diferencia de las demás, estas fueron decretadas como crímenes de guerra.

Ambos fueron ultimados el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia, lugar donde trabajaban para registrar la violencia en el periódico El Espectador.
“El crimen de guerra son aquellas conductas que han sido cometidas por un grupo bélico enclaustrado en un conflicto bien sea dentro del país o entre estados”, manifestó el jurista Jaimes Quintero.

PANORAMA ACTUAL

A pesar de la ganancia de que algunos casos de violencia contra la prensa no sean archivados, el periodismo todavía es visto como un difícil camino.
“Lo que ha pasado si lo ponemos en el contexto del tiempo actual es que todavía existen riesgos en el periodismo. Siempre el periodista está en la mitad de todo. Sino no hay grupos armados hoy, hay bandas criminales, sino hay bandas hoy, hay corrupción; entonces hay presión de los gobiernos, de los funcionarios que no quieren que se sepa lo que están haciendo. El periodismo siempre está en el fuego cruzado”, puntualizó Ferrer.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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