Los menores fueron hallados muertos en su resguardo indígena el pasado domingo 24 de marzo.
La Alcaldía de La Jagua de Ibirico está haciendo todas las consultas jurídicas para determinar si hay alguna forma de apelar el fallo del Consejo de Estado que establece que para las actividades mineras en ese territorio se le debe hacer una consulta previa a los yukpa.
El 19 de noviembre es la fecha anunciada por la población indígena que reclama soluciones a sus problemas. La etnia pide la presencia del alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila.
La emergencia se presentó cerca de las 9:30 de la noche del jueves en el asentamiento indígena Sokorpa.
El Tribunal Administrativo del Cesar ordenó al Ministerio del Interior, Ambiente y a las empresas que participan en el proyecto minero, suspender el desarrollo de la actividad minera hasta tanto la Agencia Nacional de Tierras no delimite el territorio ancestral yukpa.
En diferentes ciudades del país se han creado asentamientos de comunidades indígenas en espacios públicos. En el caso de Valledupar, la administración local acordó con ellos un retorno voluntario hacia su territorio.
Una delegación de la comunidad indígena dialoga en la capital del país con funcionarios del Gobierno Nacional para tratar que se cumpla la sentencia 713 de 2017.
