Los concursos de méritos y procesos de selección en los concejos siempre generan traumatismos y líos jurídicos. El caso más sonado se dio en el periodo 2016-2019.
A través de la demanda, el abogado Álvaro Castilla pidió al juez que se ordene a las administraciones públicas operar el acueducto regional.
El ente de control aseguró que el disciplinado salió del país entre el 27 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017, “sin justificación alguna, y sin contar con el permiso del Concejo Municipal de Valledupar”.
Según la Procuraduría, Castilla transgredió el artículo 48 de la Ley 734 de 2022, el cual habla del abandono injustificado del cargo, función o servicio.
La Contraloría Municipal seguirá bajo la dirección de un contralor en calidad de encargo; se ‘curan en salud’ los nuevos concejales.
Según el concejal José Gómez, en las extras que cerraron esta semana el alcalde Augusto Ramírez Uhía no incluyó nada sobre la elección de contralor.
De manera irrevocable, en enero de 2017, Álvaro Castilla renunció al cargo como contralor, pero hoy a través de tutela pide que se nombre al contralor de una lista en la que solo sobrevive él.
