Por abandonar el cargo a pesar de habérsele negado la licencia no remunerada que solicitó, la Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 9 años al contralor de Valledupar,  Álvaro Luis Castilla Fragozo.

El ente de control aseguró que el disciplinado salió del país entre el 27 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017, “sin justificación alguna, y sin contar con el permiso del Concejo Municipal de Valledupar“.

Con este actuar el entonces funcionario, según el ente, desconoció la decisión unánime tomada por los miembros de la corporación en sesión del 30 de diciembre de 2016, donde resolvieron negativamente su solicitud de licencia no remunerada para los días 2, 3, 4, 5 y 6 de enero de 2017.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico calificó la falta del sancionado como gravísima a título de culpa gravísima, pues pese a conocer sus deberes, el contralor asumió de manera voluntaria los efectos y riesgos que acarreaba su proceder. 

La entidad afirmó que el excontralor incumplió el deber funcional que le exigía asistir a trabajar durante los días hábiles laborales, respetando las decisiones del ente nominador, como lo es el Concejo Municipal de Valledupar, y agregó que esta falta de atención lesiona los principios que rigen la función administrativa, en este caso, el de responsabilidad.