El ‘grito desesperado’ de los médicos y enfermeras del hospital Rosario Pumarejo de López, por el atraso en el pago de 11 meses de salarios, los ha llevado a realizar diferentes acciones en busca de tener en sus bolsillos lo ganado por la prestación de sus servicios, como lo han sido marchas, huelgas, plantones y bloqueo de acceso a las instalaciones del centro asistencial, permitiendo solamente la atención de urgencias vitales.

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Esto motivó a que la Superintendencia Nacional de Salud, enviara una comisión de auditores médicos y financieros para evaluar la actual situación, del centro asistencia, uno de los más completos en el departamento del Cesar, y así conocer de primera mano cuál es el estado real de las deudas por concepto de atención a la Población Pobre No Asegurada y la población migrante, que según la gerencia del hospital ha debilitado los recursos.

La Secretaría de Salud Departamental, reveló que previo a esta visita se realizó una jornada de  trabajo con el equipo jurídico y económico de la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud Departamental y la gerencia de la ESE, en la cual se revisó la conciliación de cartera que se ha realizado entre el departamento y hospital, lo cual permitirá gestionar los recursos ante el Gobierno nacional, o establecer un cronograma de pagos. 

“Para que el departamento pueda seguir cumpliéndole al Rosario Pumarejo con el pago de la facturación tiene que esperar que las cuentas se encuentren auditadas y conciliadas”, se dio a conocer en la sectorial.

El secretario de Salud Departamental, Hernán Baquero Rodríguez, explicó: “esta es una estrategia clara que dejó el Superintendente, que quiere verificar, no solo por vía virtual y vía web, los estados del Rosario Pumarejo, sino en forma directa con su equipo, cómo está el estado financiero de la ESE y cada una de las estrategias que ha implementado esta nueva dinámica gerencial, para poder sacar al hospital adelante”.

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Se espera que con esta visita se pueda superar la crisis financiera de la ESE, a la que las EPS le adeudan alrededor de $100.000 millones, mientras que el departamento deberá responder por cerca de $40.000 millones, correspondientes a la población no asegurada que ha requerido de los servicios médicos por urgencias, no obstante, existe otra cuantía por atención en hospitalización y maternidad.