Las denuncias por presunto acoso sexual contra dos periodistas y presentadores de Caracol Televisión no solo pusieron en jaque a uno de los canales más grandes del país. También revelaron algo que muchos sabían pero pocos nombraban: en las redacciones, los sets de grabación y las salas de edición, el acoso sexual existe, y ha existido en silencio durante años.
El movimiento MeToo —que desde Hollywood en 2017 se extendió a todo el mundo— llega ahora con fuerza renovada a los medios de comunicación colombianos, y Valledupar, capital del Cesar y epicentro informativo del norte del país, no es la excepción.
El Ministerio del Trabajo no se quedó callado
Apenas conocidas las denuncias en Caracol, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue contundente. “Muy bien que Caracol Televisión haya activado los protocolos internos, pero eso no los exime de la intervención del Ministerio del Trabajo”, declaró el funcionario. “Nosotros tenemos una ruta, unos protocolos de intervención amparados en la Ley 2365 de 2024, en distintas normativas y en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia el año pasado y que hace parte del bloque de constitucionalidad de nuestra Carta Política”.
Sanguino anunció que las inspecciones no se limitarán a Caracol: “También lo haremos en otros medios de comunicación, porque hemos recibido denuncias sobre hechos absolutamente reprochables de acoso laboral y de acoso sexual. Esos hechos deben ser sancionados, no solo internamente por las empresas periodísticas, sino también por el Ministerio del Trabajo y por la Fiscalía”.
El ministro explicó la ruta que seguirán: primero una acción de inspección, vigilancia y control para recoger testimonios y examinar protocolos internos, verificar si existe un patrón reiterado de violencia sexual, y luego, si hay mérito, abrir investigaciones que pueden terminar en sanciones. “Lo más importante —subrayó— es que vamos a insistir en planes de mejoramiento para que estos hechos no vuelvan a repetirse y para que las mujeres gocen de espacios libres de violencia, sobre todo las mujeres periodistas, y sobre todo aquellas que llegan a sus prácticas laborales y se encuentran con relaciones de poder que las ponen en situación de vulnerabilidad“.
La ley cambió: ya no es lo mismo de antes
Hasta hace poco, los casos de acoso sexual en el trabajo se manejaban dentro del Comité de Convivencia Laboral de cada empresa, un espacio que con frecuencia resultaba insuficiente o intimidante para las víctimas. Eso cambió.
La Ley 2365 de 2024, la norma más específica que existe hoy en Colombia sobre acoso sexual laboral, establece que estas conductas ya no son conciliables y que el Comité de Convivencia no tiene competencia para resolverlas. La queja debe dirigirse directamente a la alta dirección o al área de Talento Humano, que está obligada a contar con un protocolo de atención. Si la empresa no lo tiene, esa omisión es, por sí sola, una infracción sancionable.
La abogada Gladys Luna López, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Nacional de Colombia y con ejercicio profesional en Valledupar, lo confirma: “La Ley 2365 cambió todo. Antes se manejaba dentro del comité de convivencia y no pasaba nada. Ahora no. Los mecanismos son urgentes, porque se trata de proteger a la víctima”.
Una de las protecciones más relevantes que introdujo esta ley es el fuero de estabilidad laboral reforzada: el trabajador o trabajadora que denuncie acoso sexual no puede ser despedido durante los seis meses siguientes a la presentación de la queja. Si el empleador lo hace, ese despido se presume retaliación, lo que puede traducirse en multas de hasta 5.000 salarios mínimos diarios.
La ruta para denunciar, paso a paso
Para Luna López, la víctima tiene dos caminos que pueden activarse de manera simultánea y que son independientes entre sí. El primero es la vía interna ante el empleador: la empresa debe abrir un proceso bajo reserva, con protocolos que incluyan la protección inmediata de la víctima, garantizar que no sea confrontada con el agresor, y tramitar un proceso disciplinario que puede terminar, si hay mérito, en la terminación del contrato de trabajo del acosador.
El segundo es la vía judicial ante la Fiscalía, si la víctima cuenta con pruebas. “Ante la ley, todo es con pruebas”, advierte la abogada. “No basta con decir ‘me acosó’. Pueden servir chats, correos, fotografías, mensajes de texto, o testimonios de personas que presenciaron los hechos”. Sobre la posibilidad de grabar al acosador sin su consentimiento, Luna López es precisa: “Esa es una prueba que el juez o el fiscal tendrá que valorar. Yo puedo aportarla, pero su calificación depende de quien conoce el proceso”.
Adicionalmente, desde el primer momento, la víctima tiene derecho a solicitar a su ARL —sin costo— atención emocional y psicológica, así como pedir traslado de área o permiso para teletrabajo si existe riesgo.
En Valledupar también ocurre
“En todas las empresas se da eso. En todas”, dice con franqueza la abogada Luna López al ser consultada sobre la frecuencia del acoso laboral y sexual en la región. Aunque reconoce que en su ejercicio profesional ha manejado pocos casos formalizados —en parte porque muchas víctimas no denuncian hasta después de que termina el contrato de trabajo, cuando ya es más difícil actuar—, advierte que la realidad del fenómeno supera lo que llega a los despachos jurídicos.
En Valledupar, los periodistas y comunicadores que trabajen en medios locales o que realicen prácticas profesionales pueden acudir a: Inspección del Trabajo (Dirección Territorial Cesar del Ministerio del Trabajo): línea gratuita nacional 018000 112518 o marcando 120 desde celular, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Defensoría del Pueblo regional Cesar: asesoría jurídica gratuita, atención presencial de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o en línea en www.defensoria.gov.co. Personería Municipal de Valledupar: orientación y defensa de derechos, sin costo. Consultorios Jurídicos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (sede Valledupar) o la Universidad Popular del Cesar.
Un momento de inflexión
El MeToo tardó en llegar con esta fuerza a los medios colombianos. Pero la combinación de denuncias públicas, una ley más robusta y un Ministerio del Trabajo que anuncia inspecciones activas sugiere que el silencio se está rompiendo.
Para las mujeres periodistas de Valledupar —muchas de ellas jóvenes, en prácticas, en contratos a término fijo o en vinculaciones precarias que históricamente las han expuesto a relaciones de poder asimétricas— saber que existe una ruta, que la ley las protege contra el despido y que hay instancias locales a las que pueden acudir es, al menos, un punto de partida.
