Los trabajadores del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, Idreec, continúan en cese de actividades desde hace casi 5 meses debido a que les adeudan 32 meses de salario. Estos empleados, que en su gran mayoría son madres cabeza de hogar, han mostrado su desesperación y angustia al vivir en carne propia la vulneración de sus derechos laborales y humanos. 

El pasado 30 de julio, por medio de una audiencia pública, la Gobernación del Cesar anunció unos convenios con el Idreec de 1.700 millones de pesos a través de contrataciones de servicios, con el fin de reactivarlo financieramente e ir pagando poco a poco las deudas que se tienen con los trabajadores. Sin embargo, ha pasado un poco más de un mes y hasta la fecha esos contratos no se han ejecutado por lo que existe preocupación y desconfianza por parte de los empleados. 

Frente a ese panorama, este 3 de septiembre el defensor del Pueblo regional Cesar, José Hernández, como mediador de la situación, se trasladó hasta la ESE para hablar con los trabajadores sobre las soluciones que ofrece la Gobernación del Cesar para el salvamento de la entidad. 

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Producto de dicha reunión salió a relucir que se plantearon 5 convenios interinstitucionales que tienen como finalidad prestar servicios educativos a los niños, niñas y jóvenes del Cesar con talentos especiales. Los contratos están avalados en 1.700 millones de pesos, de los cuales, según comunicó el defensor del Pueblo, un porcentaje estaría destinado a pagar los pasivos laborales de los trabajadores de la ESE. 

“De los 1.700 millones de pesos quedarían para el pasivo laboral el 70 %, es decir, alrededor de 1.300 millones de pesos para pagar los meses correspondientes a 2017, 2018, y 2019. Según las cuentas que hacemos, de $130 millones la nómina mensual del Idreec, alcanzaríamos a pagar 10 de los 18 meses que se plantearon”, acotó el funcionario. 

Para iniciar algunos de los convenios, según informó la gerente del Idreec, Nicolasa Martínez, hace falta pagar la seguridad social porque sin esta no se puede hacer contratos interinstitucionales, y además, indicó que se requiere de voluntad por parte de los trabajadores. 

En cuanto al porcentaje que quedaría destinado para pagar los pasivos de la ESE, la diputada del Cesar Claudia Margarita Zuleta afirmó que “le huele feo” teniendo en cuenta que un convenio interadministrativo no puede dejar el 70 % a su operador. “¿Cómo así que yo voy a hacer un convenio de 1.700 millones de pesos y de entrada digo que el 70 % de eso no será para la ejecución del contrato sino para cumplir un fin distinto que es pagarle a estas mujeres. ¿Vamos a coger la plata de la educación de los niños para pagar deudas de trabajadores?”. 

“No vemos dónde están las propuestas que plantea el gobierno departamental, porque no se puede plantear una solución sobre algo que se hace todos los años. Esos convenios, precisamente por no ser viables, nos dejan este déficit que hoy tenemos”, indicó una de las trabajadoras. 

PLAN DE SANEAMIENTO 

Durante 7 años se ha solicitado un Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero para evitar que el Idreec termine siendo liquidado, pese a estas peticiones, los entes nacionales han determinado que no es viable debido a que la ESE liquida mensualmente pocos ingresos lo que la hace inviable financieramente. 

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No obstante, otro de los planteamientos que ofrece la Gobernación del Cesar es este plan de salvamento para pagar la totalidad de los pasivos laborales de la entidad. De este modo, la administración departamental está a la espera de un concepto jurídico del Ministerio de Hacienda donde solicitan el programa de saneamiento con el Desahorro Extraordinario de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. 

“Si sale el concepto jurídico viable, porque los recursos ya están destinados, se cubriría el resto de pasivos que sería alrededor de 3.000 millones de pesos. Si a un mes dan el concepto jurídico favorable, antes de finalizar este año se estaría cubriendo la totalidad del pasivo laboral de los trabajadores”, contó el defensor del Pueblo regional Cesar. 

Finalmente, dentro de la reunión se determinó que se analizarán los convenios para resolver si realmente son favorables para solucionar la crisis, de ser así, tendría que iniciarse el proceso de legalización y ejecución, pasos que tardarían algunos días o semanas en realizarse. “Nosotros no podemos esperar más, se está dilatando el tiempo, se va a acabar la administración departamental y ese muerto le queda a otra administración”, concluyó la trabajadora Luisa Morales.

Por: Ketty Gutiérrez Maestre/EL PILÓN