¿Por qué el rector y los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar están callados, lejanos, invisibles y apáticos? Pareciera que no les importa la suerte de la institución.
Los llaman, pero están sordos, no oyen, y mis consejeros periodísticos Tíochiro y Tíonan creen que ese es uno de los problemas: no atienden a los docentes, a los administrativos ni a los estudiantes.
Incluso, con la aprobación del Decreto presidencial 391 del primero de abril, en donde se “establecen los elementos mínimos para el diseño e implementación de los planes de formalización laboral en las Instituciones de Educación Superior Estatales u Oficiales”, vemos a un rector lento y sumido en el olvido institucional, al igual que al CSU. El consejero de los docentes, Guillermo Echavarría, no asume su posición en defensa de los profesores; el de los estudiantes, Juan López, reelegido, tampoco aparece; el consejero Armando Cotes, representante de las directivas académicas, quien meses anteriores se enfrentó al rector en “un dime tú que te digo yo y en un estira que jala”, hoy pasa inadvertido; el consejero de los gremios, Manjarrez, está perdido; el de la gobernación, ni se sabe; el de los exrectores, Carlos Morón, está callado; y los dos del gobierno nacional también están sumidos en el olvido.
Mientras tanto, otras universidades como La Guajira, Córdoba y Chocó se acreditaron institucionalmente, le apuestan a la formalización y abrieron la carrera de Medicina. A la UPC le falta el centavo para el peso, a pesar de que el mismísimo ministro de Educación le pidió al rector y a sus directivos que diseñaran el programa de Medicina. Pero todo está en “saco roto”: hace meses dijeron que estaban haciendo el documento maestro y hay un rumor de que eso está demorado. ¿Por qué tanta demora y tanto viajeteo a la Universidad de Cartagena?
Lo otro irregular que existe en la Universidad Popular del Cesar es por qué el CSU no se reúne y no adopta ni acoge el Decreto Presidencial 391 de formalización, que no es otra cosa que transformar el sistema laboral en la UPC y nombrar docentes y administrativos en cargos de carrera, solo aplicando el Decreto 391.
¿Por qué el rector Robert Romero congeló la implementación del proceso de formalización de docentes sin analizarlo o debatirlo con ellos?
Les asiste a los profesores catedráticos, provisionales y ocasionales de la UPC una preocupación mayor porque su delegado ante el CSU, Guillermo Echavarría, no lidera el proceso como debe hacerlo.
“Echavarría es indiferente a que el CSU se reivindique con los docentes que por décadas han trabajado en la institución, con salarios muy por debajo de los docentes de carrera”, afirman.
Miembros del sindicato de Aspu, organización sindical que lidera esta conquista laboral de la formalización, también ponen en tela de juicio a los delegados del gobierno nacional porque ellos deberían liderar la propuesta del gobierno nacional.
Los de Aspu Cesar han manifestado su decisión de interrumpir la próxima reunión de dicho organismo para que se adopte el Decreto y se ordene al rector poner en ejecución la formalización.
Resulta inexplicable que el rector se oponga a la formalización y haya dicho públicamente que ese decreto quedaba congelado. La anterior postura es totalmente adversa a los intereses de la institución.
Se estima que los miembros del CSU y el rector rectifiquen su postura y asuman como prioridad la aplicación laboral en la Universidad Popular del Cesar, para hacer justicia con los cientos de docentes y administrativos que por años han trabajado con salarios irrisorios e injustos, y ponderar al estudiantado y a la región.
Hasta la próxima semana.
Por: Aquilino Cotes Zuleta.
