Una estudiante universitaria en Valledupar afirma que “las personas jóvenes y de bajos recursos son quienes abortan”. Sin embargo, la Secretaría de Salud municipal revela que las interrupciones del embarazo, tanto por causas naturales como no naturales, afectan a individuos de todas las edades y estratos sociales. Es significativo observar que el Registro Único de Afiliados muestra un número mayor de abortos por causas naturales en comparación con los no naturales. En realidad, todas las personas con capacidad de gestar enfrentan la posibilidad en un 20 % de abortar, según datos de la OMS.
En 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto, lo que obligó al Estado, a las entidades prestadoras de salud y a los gobiernos locales a asegurar el acceso a la educación y a la interrupción voluntaria del embarazo de forma legal, oportuna y segura para todos. No obstante, en Valledupar y el departamento del Cesar, las estadísticas generan más preguntas que respuestas.
Según datos de la Secretaría de Salud de Valledupar, en 2022 se registraron 172 abortos (naturales y no naturales), mientras que en 2023 la cifra descendió a 131. En 2024 se reportaron 71 abortos y hasta febrero de 2025 se han contabilizado solo 7. De estos, se observa que los abortos por causas naturales superan a los no naturales; entre 2022 y febrero de 2025, únicamente se reportaron 10 abortos no naturales.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud informa que en 2022 fallecieron 9 personas debido a complicaciones relacionadas con abortos (naturales y no naturales); en 2023, la cifra aumentó a 10; en 2024 se registraron 24 muertes y en lo que va de 2025 ya son 5. Esto pone de manifiesto una crisis de morbilidad materna que afecta a las personas con capacidad de gestar en Valledupar y el Cesar.
La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho
“El acceso al aborto es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales de toda persona a la vida, la salud, la integridad física, y a vivir libre de violencia, discriminación, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como todos los demás derechos humanos reconocidos internacionalmente”, según Amnistía Internacional.
Es por esto que la sentencia C-055 de la Corte Constitucional de Colombia representa un avance al despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esta decisión implica que las personas gestantes que interrumpan su embarazo antes de este plazo por cualquier motivo no enfrentarán sanciones penales. Además, el fallo obliga al sistema de salud, tanto a nivel nacional como local, a garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y oportuno.
No obstante, persisten barreras que dificultan el acceso de las mujeres a estos servicios esenciales en Colombia. Sandra Mirena Salazar Aguirre, subdirectora de operaciones en Salud Sexual y Reproductiva de la Fundación Oriéntame, destaca el rol de las enfermeras para superar estos obstáculos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
Salazar Aguirre denuncia la desinformación y el desconocimiento de la norma como factores que dificultan el acceso al aborto, señalando que, en la sede de Valledupar, existía la creencia errónea, por parte de las autoridades locales, de que la interrupción del embarazo solo podía ser realizada por un ginecólogo.
Abortos en la ruralidad y situaciones de violencia
La subdirectora enfatiza que “la falta de acceso a internet y el ‘voz a voz’ dificultan la difusión de información, especialmente en áreas rurales”. Salazar también advirtió sobre las implicaciones de no implementar adecuadamente la sentencia relacionada con la despenalización del aborto.
La escasez de datos complica aún más el diagnóstico, particularmente en departamentos como Cesar, donde quienes más necesitan información sobre sus derechos reproductivos residen en zonas rurales, resguardos indígenas y áreas afectadas por la violencia. “La carencia de datos precisos sobre el número real de abortos realizados en Colombia obstaculiza la formulación efectiva de políticas públicas en salud sexual y reproductiva”, destacó Salazar.
Cuando las consultantes son víctimas de violencia de género, Oriéntame proporciona apoyo psicológico a través de telemedicina y las refiere a las autoridades competentes. Sin embargo, Salazar lamentó la insuficiente respuesta de los organismos reguladores para garantizar la restitución de derechos.
Subsidios para garantizar los derechos reproductivos
Una de las barreras más urgentes que debe abordarse en el departamento y la zona corregimental de Valledupar es la falta de un sistema de transporte adecuado para acceder a atención médica. Salazar comentó: “Oriéntame ofrece subsidios para ayudar a cubrir los costos de tratamiento para mujeres vulnerables. Sin embargo, la desinformación es un problema grave; muchas consultantes llegan en etapas avanzadas del embarazo, lo que requiere su derivación a centros con capacidad para realizar procedimientos quirúrgicos”. Es importante destacar que Oriéntame Valledupar solo puede atender hasta la semana 11 de gestación.
Lamentablemente, la respuesta de las entidades regulatorias, como las secretarías de salud departamentales y municipales, suele ser insuficiente para garantizar la restitución de sus derechos.
Ambientes hostiles para el aborto
Grupos religiosos se plantan frente a la sede de Oriéntame Valledupar con pancartas. Foto: EL PILÓN.
Desde el ingreso al Centro de Especialistas Galenos, especialmente los miércoles, se percibe un ambiente tenso y hostil, marcado por la presencia de pancartas de grupos religiosos autodenominados “provida”. Cada miércoles, el grupo “Cesar es Provida” se posiciona en la esquina de la Clínica del Cesar, frente a Galenos, exhibiendo sus carteles. Al entrar al edificio, los visitantes se encuentran con posters que dicen “No al aborto”, ubicados en las puertas, en el ascensor y hasta en el tercer piso.
Las mujeres del grupo religioso “Cesar es Provida” afirman que rezan diariamente para que la enfermera de Oriéntame reciba la gracia del Señor. Sostienen que las mujeres abortan por desinformación y hacen un llamado a la Corte Constitucional para que reestablezca penas de cárcel para quienes interrumpan voluntariamente su embarazo.
“Estamos en un centro médico que es completamente antiderecho y que promueve la idea de que la interrupción del embarazo no debería llevarse a cabo, a pesar de ser parte de los derechos sexuales y reproductivos”, explica Salazar sobre la presencia de estos grupos en los alrededores.
En este contexto, el edificio recibe a una variedad de personas, desde figuras públicas como cantantes de vallenato hasta mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual. Estas últimas enfrentan situaciones críticas que ponen en riesgo sus vidas debido a hemorragias, choques sépticos, cirugías adicionales y rupturas de útero tras realizarse interrupciones sin supervisión médica. Esto pone de manifiesto el contraste entre las cifras reportadas por la Secretaría de Salud de Valledupar y el INS.
¿Quiénes son las personas que abortan? Nuestras abuelas, madres, tías, hermanas, amigas del colegio, vecinas y compañeras de trabajo; algunas lo hacen de manera natural y otras no. “Abortan aquellas personas que son conscientes de su derecho a hacerlo. Abortan quienes conocen su cuerpo y saben que tienen el derecho a decidir”, responde la subdirectora.
Por: Katlin Navarro Luna /EL PILÓN
