Creo importante y necesario que Ricardo Palmera Pineda y Rodrigo Tovar Pupo, a quienes hago referencia por sus nombres de pila, piensen desde la individualidad de cada uno de ellos, qué tipo de sanciones impone la JEP y qué les puede representar el aporte de verdad como comparecientes a todo ese sistema que representa la JEP; piensen que reconocer verdad y responsabilidad también es una forma de reconciliarse con la sociedad. 

Tienen la posibilidad de presentarse y someterse ante las salas de justicia de la JEP de acuerdo con su marco de competencias.  

Si uno logra desprenderse de posturas ideológicas de derecha, de centro o de izquierda, para hacer lectura de la institucionalidad de la JEP y se concentra en ¿Qué es la JEP? y la utilidad objetivamente hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz, habrá dado un gran paso, en términos de lograr avanzar en la búsqueda de justicia, frente a las conductas con reproche punitivo, cometidas en el marco del conflicto armado que vivió el país; pero en especial habrá dado un paso no menor, en cuanto a la importancia de la verdad y de generar un escenario de no repetición. 

En las páginas de El Pilón, he escrito con anterioridad cuatro columnas relacionadas con la JEP, la primera de ellas titulada: “¿Qué es la JEP?”, y las tres siguientes tituladas en su orden: “¿Qué tipo de sanciones impone la JEP?”, “Importante dar a conocer la JEP en los municipios pequeños” y “La JEP un escenario en el que se debe tener confianza”.

Sugiero pensar en la JEP como institución, pensar que la JEP administra justicia de manera transitoria, prevalente y preferente de las conductas con reproche punitivo cometidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Sugiero pensar que esta jurisdicción investiga únicamente a excombatientes de las FARC-EP, salvo aquellos considerados como disidentes, reincidentes y desertores, a los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto armado y a civiles y otros agentes del Estado no miembros de la fuerza pública.

Es claro que la búsqueda de la verdad a partir de escenarios completamente desconocidos por la praxis judicial, no es fácil, pero los ciudadanos de los municipios de departamentos como el Cesar y el Magdalena tienen derecho a conocer la verdad de un conflicto en el que Ricardo Palmera  y Rodrigo Tovar fueron actores. Nuestros departamentos y nuestra región tienen derecho a saber qué pasó. 

Palmera Pineda y Tovar Pupo tienen la posibilidad de presentar lo sucedido, en especial en municipios de quinta o sexta categoría, que fue donde más se sintió el conflicto armado y sus consecuencias. 

Es un mensaje que aunque doloroso, puede entenderse como una señal de respeto con los habitantes de municipios muchas veces considerados pequeños, que padecieron el conflicto con más crudeza que en las ciudades. Si uno logra ponerse en los zapatos de lo que vivieron los habitantes de las zonas veredales, corregimentales y de las propias cabeceras municipales de municipios del departamento del Cesar y del Magdalena, se entiende mejor lo necesaria que se hace la institucionalidad de la JEP y su actuar. 

Siempre entendiendo también, que la misma institucionalidad debe permanentemente enviar mensajes de un actuar transparente, objetivo e imparcial. 

Ricardo Palmera Pineda y Rodrigo Tovar Pupo tienen la capacidad de entender, a partir de nada distinto que la racionalidad y la necesidad de la verdad, el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz.