A propósito de la derogación de la Ley de Garantías, varios alcaldes del Cesar mostraron su apoyo a la suspensión del inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en el que se les prohibía a los funcionarios públicos la celebración de contratos en época electoral. 

Así lo dio a conocer el alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, quien aseveró que los municipios pequeños del Cesar están constantemente en Ley de Garantías debido a que hay procesos electorales casi todos los años. Precisó que después de las elecciones al Senado, Cámara y Presidencia vendrán las de los alcaldes y gobernadores, por lo que dicha ley frenaría los procesos contractuales contemplados en los planes de gobierno. 

“Colombia es un país democrático en el que hay muchas elecciones. En ese sentido, la Ley de Garantías lo que hace es interrumpir el buen funcionamiento de las administraciones públicas. Con la aprobación del artículo 125 del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2022, ya no se limitará el buen desarrollo de los presupuestos de las alcaldías del departamento”, manifestó Zuleta. 

Así mismo, el alcalde de El Copey, Francisco Meza, comentó que es beneficioso para las administraciones públicas el derogamiento de la ley porque la disposición legal de firmar convenios “ayuda a obtener recursos para los proyectos de un municipio”. Por eso, argumentó que no se trata de un tema contractual, sino de una forma que tienen las entidades y el departamento para que en los territorios se ejecuten obras. 

“Nuestros municipios, los cuales no cuentan con recursos efectivos para el desarrollo de las infraestructuras necesitan recurrir a los órganos de nivel central y descentralizados para la financiación de las obras. Se hace necesario el derogamiento de ley porque no genera ningún efecto dentro de los procesos democráticos. Con su suspensión los municipios puedan avanzar porque esta pandemia no permitió desarrollar rápidamente los proyectos de preinversión”, manifestó Meza. 

¿MAYOR INVESIÓN SOCIAL? 

De acuerdo con el alcalde de Pailitas, Carlos Javier Toro, para los municipios de quinta o sexta categoría que se encuentran supeditados a los recursos que provienen del Sistema General de Participaciones es muy importante que se levante la restricción sobre la celebración de convenios interadministrativos porque ayuda a que haya más inversiones focalizadas.

“En el municipio de Pailitas hemos presentado diez proyectos ante el Gobierno nacional y hasta el momento solo hemos podido firmar un convenio interadministrativo. Con la Ley de Garantías nuestro municipio tal vez no lograría firmar esos convenios que hemos presentado”, comentó Toro. 

Argumentó que es importante para los municipios firmar los convenios porque traen inversión social, generan empleo, tasas de impuestos, entre otros beneficios. Puntualizó que por dichos recursos los mandatarios locales han “estado unidos en torno a la modificación porque todos los retrasos administrativos por la pandemia y las protestas, hacen necesario la firma de convenios para el desarrollo de los territorios”. 

Señaló que es viable la suspensión de la Ley de Garantías porque se había establecido para frenar la figura de la relección presidencial, la cual ya no existe. Agregó que en el caso de Pailitas la economía es terciaria, es decir informal, por lo que los convenios para las obras generan empleo formal, puestos de trabajo para mano de obra local, inversiones y otros beneficios para la reactivación económica. 

¿UNA LEY IRREAL? 

Según expertos consultados por EL PILÓN, la suspensión del inciso no afecta la democracia porque los recursos y las firmas de los convenios con intereses politiqueros se realizan antes de que se aplique “la ley sin ninguna planeación y prioridad. Esa ley es más mitológica que real”. 

“Los más afectados por las restricciones en los convenios son los municipios de quinta y sexta categoría. Esos territorios que no eligen presidentes, que no tienen dolientes y que terminan afectados por la falta de capacidad para gestionar y realizar proyectos son los que más sufren”, argumentó el experto. 

Aseveró que los convenios que benefician a los congresistas ya fueron firmados, por lo que después de casi dos años de pandemia en donde se paralizó la inversión en los municipios “es injusto afectar a las poblaciones más pobres con restricciones y controles que afectan el desarrollo de sus proyectos”. 

Por otro lado, una fuente consultada por EL PILÓN, señaló que el artículo 125 es “un instrumento de clientelismo electoral en plena campaña para el Congreso y la Presidencia”, que busca convertir la contratación pública en un instrumento para favorecer al partido de Gobierno y a los congresistas que están en el poder. 

Por tal motivo, vulnerará la transparencia del proceso electoral porque se presentarían favoritismos políticos y tráfico de votos por la firma de convenios interadministrativos.

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN

@namiibb